El lunes 10 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio regresivo al programa de vacunación de niños y niñas de ese país para garantizar la máxima libertad de elección de los padres y madres respecto a las vacunas que reciben sus hijos e hijas.
Este cambio fue recibido con el rechazo de la comunidad científica, porque Trump vinculó la aplicación de vacunas al autismo, algo que, además de basarse en el fraude científico realizado por Andrew Wakefield en 1998, contribuye a sembrar miedo y confusión entre la población, contradice décadas de evidencia médica, pone en riesgo a millones de niños y niñas, politiza la inmunización y debilita la confianza en la salud pública.
Esta nueva política pública, impulsada por el secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., protege la libertad parental para vacunar o no a niños y niñas y rechaza la intervención del Estado en las decisiones médicas familiares o escolares. Esta postura "conspiracionista" imprime un alto grado de sospecha hacia las farmacéuticas, los expertos gubernamentales y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
A la reducción del número de vacunas del programa de salud infantil de EE.UU., se suma el embate de Donald Trump en contra de la comunidad científica. Desde su regreso a la presidencia a principios de 2025, la administración de Donald Trump, bajo el argumento de erradicar el gasto politizado o "woke", ha promovido recortes drásticos al presupuesto destinado a la investigación científica, así como cambios regulatorios en contra de agencias federales, universidades públicas y privadas, y programas para atender temas como el cambio climático, la salud reproductiva y el impacto del uso de armas en la sociedad norteamericana. Esto ha generado una fuerte confrontación con la comunidad científica internacional y ha convertido el financiamiento público de la ciencia en una herramienta ideológica.
El control político de la investigación científica, ejercido desde la Casa Blanca, ha tenido efectos negativos en instituciones clave como los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Centro para Control de Enfermedades (CDC) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), con miles de becas congeladas, una creciente fuga de cerebros, la pérdida de datos y la desaparición de grupos de investigación, lo que ha redundado en un retroceso de décadas de avances tecnológicos, médicos y económicos.
México debe fortalecer y consolidar el sistema nacional de investigadores e investigadoras, asegurar presupuestos crecientes y transexenales que no dependan del humor del político en turno, respetar la autonomía universitaria, cuidar el talento nacional y garantizar que las científicas y científicos de nuestro país cuentan con las condiciones necesarias para hacer ciencia de frontera.
La lección que nos enseña EE.UU., es que proteger nuestra soberanía y seguridad requiere de generar conocimiento propio y no depender de los caprichos de Trump.