En 2017 la RAE incorporó al diccionario la palabra aporofobia, que acuñó la socióloga Adela Cortina. La aporofobia es la “repugnancia o temor obsesivo a la pobreza y a toda persona pobre.” Las y los aporofóbicos equiparan a la pobreza con delincuencia de manera generalizada. El rechazo a quien tiene menos les lleva a marchar desde sus coches, a construir bardas y colocar obstáculos, les lleva a la agresión.
So pretexto de protegerse de los pobres promueven acciones contrarias a derecho sin detenerse a analizar que las causas de la inseguridad están relacionadas de manera directa con la falta de atención de los gobiernos que evaden su obligación de erradicar la pobreza al permitir sistemas de justicia inadecuados, pérdida de confianza en los policías, falta de programas sociales eficaces, la urbanización rapaz y descontrolada, la carencia de servicios urbanos, infraestructura de salud y educación deficiente, entre otras.
Las personas aporofóbicas responsabilizan a quienes viven en un entorno social adverso de los problemas sociales que aquejan al país y eso les impide ver que la violencia impacta negativamente en todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo. Son ciegos a entender que la violencia y el delito son amenazas para la integridad física y patrimonial de todas y todos, pero particularmente de las personas pobres que tanto desprecian y quienes, según las estadísticas del Inegi, son las víctimas predilectas de la inseguridad. Son además sordos a los llamados para sumarse y contribuir en el combate al desempleo, marginación, migración forzada y el abandono escolar de quienes aún siendo niñas y niños, se ven obligadas a laborar, por sueldo paupérrimos, en sus casas; porque toleran la pobreza sólo cuando les está sirviendo
El clasismo y el racismo son los grandes motores de la aporofobia. Formas físicas de discriminación se observan a lo largo y ancho de nuestro nuestro país donde quienes más tienen, con la complicidad de los gobernantes, han rodeado con bardas enormes cubiertas por vidrios comunidades enteras, han colocado obstáculos en la vía pública para impedir el paso a personas de un estrato social y un color de piel distinto al suyo, monumentos lacerantes a la desigualdad y que han llenado nuestras calles de fronteras interiores.
Las autoridades deben brindar protección a un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida digna, al libre tránsito, a la integridad física y material de la persona procurando el bienestar de todas y todos y no privilegiando aún más, desde los palacios de gobierno, a quienes tienen de sobra para dejar sumidos en el abandono a quienes no.
Las personas más pobres de este país son gente digna y orgullosa de sus tradiciones. Gente que no quiere dádivas sino oportunidades reales para romper las bardas físicas y simbólicas que quienes viven inmersos en privilegios han construido a su alrededor para mantenerles inmersos en la pobreza contemplando un destino sin horizontes.
Activista defensora de derechos humanos e integrante del Centro Latinoamericano para La Paz, la Cooperación y el Desarrollo
