En lugar de trabajar para evitar el embarazo de niñas y adolescentes y obligar a las autoridades educativas a incluir en el programa de estudios la educación sexual integral con perspectiva de género e interseccionalidad, el diputado Enrique Correa Sada ingresó una iniciativa de ley para garantizar que las escuelas no discriminen a niñas embarazadas.
El diputado evidentemente no comprende que muchos embarazos de menores de edad son consecuencia de la violencia que viven en sus casas y comunidades. El embarazo no deseado de una menor no es una “circunstancia de vida”. Es un castigo impuesto por una sociedad y un gobierno que pretenden cargarla con una responsabilidad para la que no está preparada y que atenta contra sus derechos.
Normalizar el embarazo infantil y adolescente, como lo pretende el diputado Correa, habla de su falta de conocimiento, insensibilidad y enorme arrogancia al pretender “conocer” las circunstancias que obligan a una niña o adolescente a ser madre. Incesto, violación, abuso sexual, falta de educación, violencia familiar, políticas públicas inadecuadas y paternalistas son solo algunas de las muchas causas que el diputado evidentemente no ha analizado.
Si en verdad quisiera contribuir al libre desarrollo de la personalidad de las niñas queretanas, Enrique Correa podría proponer modificaciones a la Ley de Educación del Estado para garantizar que la USEBEQ imparta información científica a su estudiantado, para que puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual, su proyecto de vida y sus relaciones. Esto contribuiría a prevenir violencias, abusos y embarazos no deseados, al mismo tiempo que garantizaría el respeto y la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo de identidades libres de discriminación.
Contrario a lo que piensa el diputado, educar sin moralinas ha demostrado que las y los jóvenes atrasan el inicio de su actividad sexual, desarrollan su autonomía y mejoran su bienestar integral.
Enrique Correa está en todo su derecho de creer personalmente que la interrupción legal del embarazo, la educación sexual integral o el derecho de mujeres, niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia son contrarios a sus convicciones morales o religiosas. Sin embargo, no tiene derecho a imponer esas convicciones a quienes no pensamos como él, particularmente cuando estas, además de inconstitucionales e inconvencionales, son violatorias de derechos humanos.
Como él debería saber, las y los diputados en México tienen la obligación constitucional de salvaguardar el Estado laico, fundamentado en la separación Iglesia-Estado. Esto implica legislar sin sesgos religiosos, manteniendo siempre la neutralidad religiosa en el ejercicio de sus funciones.
Las niñas y adolescentes queretanas tienen derecho a desarrollar su proyecto de vida sin que un legislador conservador las obligue a dejar su infancia porque su moral le impide protegerlas.
Titular de Aliadas Incidencia
Estratégica e integrante de la
Red Nacional de Alertistas.
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