Los comentarios sexistas realizados hace unos días por tres reconocidos conductores queretanos en los que se mofan de la exclusión de sus compañeras de un evento realizado en la XVI Zona Militar, no son un chiste aislado, son sólo una muestra clara de la violencia estructural que las mujeres periodistas enfrentan todos los días.
La ausencia total de mujeres en el evento, en el que además de directores, jefes de información y reporteros también acudieron funcionarios estatales y municipales, no es un descuido: es prueba de que en Querétaro la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres que ejercen el periodismo se ha vuelto una práctica institucionalizada y normalizada.
Por ello, no basta indignarse con los comentarios de los conductores. Es imprescindible exigir sanciones en contra de los funcionarios estatales y municipales que, sabiendo de la exclusión de las mujeres, callaron y la toleraron.
Esa omisión no es neutra ni inocente: es una muestra clara de su negligencia, complicidad e ignorancia. Es sobre todo un incumplimiento directo de sus obligaciones constitucionales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, con posibles consecuencias legales.
Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a asegurarse de que las personas responsables de comunicación social respeten, protejan y garanticen, en condiciones dignas e igualitarias, el acceso de todas las mujeres periodistas a todos los espacios de la esfera pública donde se define y comunica el poder.
Para ello, de inmediato deben reformar su normatividad para que, en las convocatorias y acreditaciones de medios, exista paridad y trato igualitario, y para que en ningún evento al que asista su funcionariado (sin importar quien lo organice) pueda reproducir exclusiones de género sin consecuencias.
Es obligación de las autoridades garantizar espacios seguros y libres de violencia para que las mujeres periodistas puedan realizar su labor. Eso implica, como mínimo, establecer procedimientos claros para denunciar exclusiones o agresiones, implementar capacitación obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos para todo su funcionariado (en especial el personal de comunicación social) y aplicar sanciones ejemplares en casos de violencia, ya sea por acción directa o por omisión.
Como parte de las garantías de no repetición, el gobierno estatal debe informar públicamente, con plazos y responsables, qué medidas adoptará y cómo se evaluarán. Sobre todo, debe dejar claro a todas las queretanas que pagamos impuestos que ni un peso de comunicación social se asignará a empresas periodísticas y de comunicación que incumplan los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la violencia, y que se dará prioridad a los medios dirigidos o propiedad de mujeres como una acción afirmativa para cerrar asimetrías entre mujeres y hombres.
Titular de Aliadas Incidencia
Estratégica e integrante de la
Red Nacional de Alertistas.
