Como activista debo admitir que me siento una profunda preocupación ante el discurso que han adoptado diversas fuerzas políticas, tanto a nivel local como a nivel federal. Los insultos mezquinos en contra de la Presidenta de México por el hecho de ser mujer, hasta las expresiones que separan a “chairos” y “fifis” de la izquierda han contribuido a la polarización social, pero sobre todo al incremento de la violencia.
Las más recientes son declaraciones del gobernador Mauricio Kuri, en relación a su oposición a publicar la Ley de Identidad y las observaciones que enviaría a la Legislatura. El mensaje de Kuri recurrió, de manera lastimosa, a señalar como “contaminante” a las personas trans, un grupo que vive de discriminación de manera sistemática en nuestro estado.
De acuerdo con activistas y defensoras de derechos humanos las declaraciones del gobernador han tenido como consecuencia el incremento de la violencia en contra de la comunidad LGBTTTIQ por quienes han visto validada su postura antiderechos en el discurso de Kuri. Pero también han despertado el enojo y la indignación de una comunidad que por años se había manifestado de manera totalmente pacífica y gozosa en las Marchas del Orgullo. Algo que se vio reflejado en los actos de iconoclasia que, nos gusten o no, se justifican cuando la persona responsable de proteger, respetar y proteger sus derechos decide omitir su obligación de manera intencional.
Desde mi perspectiva como activista debo decir que las expresiones del gobernador me han sorprendido por su crueldad. La cuestionable moral que el gobernador esgrime para justificarla es vergonzosa.
Dirigir la administración pública brinda al ejecutivo estatal un púlpito desde el que se erige como juzgador, jurado y verdugo que lo exime de buscar estar del lado correcto de la historia. Desde la comodidad de su posición el gobernador confunde violencia con política, lo que no entiende es que esa comodidad es peligrosa porque le impide escuchar las voces de todos sus gobernados. El muro que su gabinete ha construido a su alrededor lo ha convencido de que lo que escucha es ruido en lugar de los reclamos justo de un grupo de personas que lo que piden es ser nombradas como ellas han decidido nombrarse.
El gobernador reproduce los mismos mecanismos de exclusión y control que han distinguido al lado más reaccionario de su partido un grupo que siempre ha creído que lo moralmente aceptable es lo que ellos deciden, pasando por encima de los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales y las personas indígenas.
La ineptitud de la Sub-Secretaría de Derechos Humanos se ve a leguas, una consecuencia más de colocar en lugares que lastiman a personad que desde su privilegio ejercen violencia disfrazada de justicia.
El gobernador debe hacer un ejercicio de autocrítica y preguntarse si en verdad está construyendo un Querétaro más justo, porque la crueldad no tiene cabida en los derechos humanos.