Hace unos días, tras otorgarle el beneficio de amnistía, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, ordenó la libertad inmediata y absoluta de Bonifacia, sentenciada en 2021 a 8 años nueve meses de prisión, por el delito de homicidio.
Bonifacia, una mujer indígena mazahua que habla español con dificultad, adulta mayor, campesina, que no sabe leer ni escribir y en pobreza extrema, víctima de violencia familiar, sexual, patrimonial e institucional, ejemplifica la manera en la que la justicia de nuestro país sigue castigando sin piedad a las mujeres más vulneradas.
Enjuiciada sin contar con la asistencia de un traductor del mazahua, Bonifacia vio vulnerado su derecho a ser juzgada con perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural. Su dignidad humana fue pisoteada por las autoridades ministeriales y de impartición de justicia que, como de costumbre, incumplieron con su obligación de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos.
Este caso, ocurrido en el Estado de México, trae a la mente el de Jacinta Francisco, la mujer indígena hñähñú de Santiago Mexquititlán quien, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, fue detenida en 2006, acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones y sentenciada a 21 años de prisión. De acuerdo con el Centro Prodh, quien asumió su defensa, Jacinta fue juzgada y encontrada culpable de un delito inventado por la PGR, quien vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
El 16 de septiembre de 2009, tras permanecer 37 meses privada de su libertad, porque una autoridad decidió no proteger sus derechos como mujer y como indígena, Jacinta fue liberada. En 2016, el 3er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que la PGR tenía obligación de reparar el daño a Jacinta, incluida la realización de una disculpa pública, por haberla detenido y procesado ilegalmente por el delito de secuestro. En 2017, en una ceremonia pública, se realizó el acto de reconocimiento de inocencia y se ofreció una disculpa por parte de las autoridades mexicanas. En su discurso, Estela Hernández, hija de Jacinta, denunció que tuvieron que esperar más de 10 años para que la PGR reconociera su error.
Bonifacia y Jacinta vivieron la justicia que nuestro país reserva para mujeres como ellas. Una justicia que omite analizar el contexto social y la realidad personal de quienes viven sin acceso a la salud, educación, servicios básicos en sus viviendas y alimentación adecuada. Una justicia reservada para quienes carecen de ingresos económicos y no conocen la ley porque no está en su idioma. La triste realidad de las mujeres indígenas de México.
Actos de injusticia y omisión en contra de mujeres como Bonifacia y Jacinta, víctimas de un sistema de procuración e impartición de justicia podrido, hacen aún más trascendente la frase de Estela Hernández:
“Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Titular de Aliadas Incidencia Estratégica e integrante de la Red Nacional de Alertistas.
FB: maricruz.ocampo
