En tiempos donde el respeto y garantía de los derechos de las mujeres y niñas deberían estar consolidados, lo que vemos es un grave retroceso disfrazado de tradición, moral o postura política. Desde hace varios años, desde mi contribución semanal en El Universal Querétaro, he insistido en que la violencia y la discriminación contra las mujeres forman parte de la filosofía institucional de los organismos responsables de combatirla.

Esta forma de discriminación la vemos con claridad en comunidades urbanas y rurales donde a las niñas se les niega la educación. La vemos en zonas indígenas donde son forzadas a contraer matrimonio con hombres veinte o treinta años mayores que ellas. La vemos en las legislaturas de estados conservadores como el nuestro donde a las mujeres se les niega el derecho a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Lo vemos en los sistemas de salud que normalizan la violencia obstétrica y en autoridades que ignoran las alertas de género. Lo vemos en los discursos religiosos, académicos y políticos que buscan mantener el control sobre los cuerpos de las mujeres, sobre sus decisiones y sobre su proyecto de vida.

A nivel internacional, figuras como Donald Trump, han marcado el regreso de una agenda conservadora que impacta a mujeres en todo el mundo. Desde la negación del cambio climático hasta la regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos, su influencia ha cruzado fronteras y ha impactado de manera negativa en las mujeres de todo el orbe al legitimar las violaciones a los derechos humanos. En México, esta ola regresiva se refleja en recortes al presupuesto asignado a las políticas de igualdad; en la desaparición de refugios para mujeres violentadas por la falta de recurso, y en el abandono sistemático de las víctimas a las que se deja a merced de maridos poderosos que pueden comprar a las y los actores judiciales. La vemos en la violencia política que sufren las activistas y defensoras. En México defender derechos humanos hoy puede costarte la vida.

Desafortunadamente las instituciones internacionales no han logrado impactar en la política nacional. La ONU, la OEA y otros organismos emiten declaraciones, pero no tienen manera de exigir la rendición de cuentas. Los estados actúan sin consecuencias. La impunidad es global.

Hay que decirlo con claridad: la crianza religiosa, cuando impide que niñas y adolescentes tomen decisiones informadas, es una forma de violencia. El adoctrinamiento político no es educación. Las niñas tienen derecho a ser niñas, pero las obligamos a ser esposas, sirvientas o madres.

Es hora de comprender que el feminismo no es una amenaza, es una respuesta. Es el movimiento que ha exigido justicia cuando otros callan. Es la voz de quienes no son escuchadas. No hay neutralidad posible frente a la violencia.

El futuro no será justo si no es feminista.

Titular de Aliadas Incidencia

Estratégica e integrante de la

Red Nacional de Alertistas.

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