Quienes vivimos en la zona metropolitana de Querétaro, Corregidora y El Marqués con frecuencia olvidamos las carencias y falta de oportunidades que enfrentan las mujeres otras comunidades. La falta de acceso a servicios médicos especializados, la ausencia de infraestructura que conecte a miles de personas, las largas distancias que deben recorrer para realizar trámites y la limitada oferta educativa colocan en desventaja a numerosas familias, especialmente a las mujeres.
Los usos y costumbres, sumados a factores sociales, culturales y religiosos, dificultan aún más el acceso de las mujeres a servicios educativos, de salud y a la justicia. En muchos casos, las tradiciones familiares les impiden realizarse exámenes vitales como el papanicolau o la mamografía. También ven limitado su proyecto de vida por embarazos tempranos derivados de la falta de educación sexual integral, o restringen su desarrollo económico al comercio informal o mal remunerado debido a la carencia de estudios profesionales.
Acercar a las mujeres de la Sierra Gorda, el semidesierto y las comunidades indígenas servicios educativos de calidad representaría un avance decisivo hacia su verdadero empoderamiento y, sobre todo, hacia la transformación de sus familias y comunidades.
Diversos estudios de ONU Mujeres han demostrado que invertir en la educación de las mujeres contribuye a reducir la pobreza, los embarazos no deseados y la violencia que se ejerce en su contra.
Investigaciones del Banco Mundial también destacan que privar de educación a las niñas y jóvenes tiene un alto costo social y económico: la falta de oportunidades escolares se traduce en pérdida de productividad, menor ingreso futuro y perpetuación de condiciones de pobreza. Un año adicional de escolaridad, según estos estudios, puede aumentar significativamente el salario individual, retrasar la maternidad, reducir la fertilidad y mejorar la salud materna e infantil.
Además, la UNESCO advierte que en zonas rurales, marginadas o con poblaciones indígenas, las niñas enfrentan barreras múltiples —pobreza, cultura, desigualdad de género— que limitan su educación en todos los niveles. Elevar la escolarización de mujeres en estas regiones no sólo es una cuestión de justicia social, sino una política pública eficaz para mejorar la salud, las condiciones de vida, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario.
En este momento, en que se discuten y aprueban los presupuestos, tanto el estatal como el de todos nuestros municipios, todas las autoridades —tanto administrativas como legislativas— deben asignar recursos suficientes para garantizar el derecho humano a la educación de miles de mujeres queretanas.
Esa es su obligación, misma que México adquirió con la comunidad internacional. Pero también es lo mínimo que pueden hacer para saldar la deuda histórica que nuestro estado mantiene con las mujeres y jóvenes de Querétaro, pero en particular con las mujeres de las Sierra Gorda.
Titular de Aliadas Incidencia
Estratégica e integrante de la
Red Nacional de Alertistas.
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