El magnicidio es el asesinato de una persona con un alto cargo político o relevancia pública. Este tipo de asesinato no es sólo un crimen individual sino un ataque directo a la estructura del Estado y al orden democrático buscando alterar el rumbo político o generar miedo o desestabilización.
Es un hecho irrefutable que el gobierno de Sheinbaum está sumido en una crisis y un punto de inflexión que se agrava por la inseguridad y la violencia imparable prendiendo más alertas internacionales en un entorno geopolítico lleno de complejidades y por la infame ejecución del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
El líder del llamado Movimiento del Sombrero se hartó de solicitar ayuda a la administración federal para enfrentar juntos al crimen organizado en su municipio. Se cansó de señalar al actual gobernador de Michoacán y a fuerzas estatales y militares de estar coludidos con organizaciones delictivas que tienen secuestradas regiones enteras del estado.
Se saturó de denunciar públicamente el entorno de violencia y extorsión.
En múltiples entrevistas y en redes sociales Manzo hizo declaraciones que por sí solas merecerían haber tenido una atención especial e investigaciones del cacareado aparato de inteligencia federal. El abandono a su suerte finalmente cobró su vida y fue ejecutado en una plaza pública en fechas llenas de simbolismo y de mensajes sobre quién manda aquí.
La orquesta de errores, omisiones, tropiezos, contradicciones y un pésimo control de daños repartiendo culpas en la gestión de la crisis que prendió la indignación colectiva, tiene visos de expandirse en una pradera social seca enmarcada por un clima de polarización y volatilidad social.
Se ha puesto al joven régimen de Sheinbaum al límite frente a la situación de hartazgo y de cansancio extremo y profundo frente a situaciones que se prolongan por una falta de voluntad para atacar la red de vínculos político-delincuenciales en las esferas del poder de Morena.
Detrás de la muerte de Manzo hay una hidra de intereses para proteger un sistema que no está dispuesto a renunciar a la gobernanza criminal política. Ese modelo de poder en el que los cárteles y actores políticos cooperan, se benefician mutuamente, comparten el control del territorio, los recursos y las decisiones de Estado.
En el gobierno de Donald Trump no tienen dudas de que el crimen organizado en México ha dejado de ser un enemigo externo del Estado y se ha convertido en un aliado, socio o parte de él deteriorando la democracia ya que las decisiones no son tomadas en función del interés público.
El crimen artero de Carlos Manzo sitúa al régimen bajo una peligrosa presión. No sólo por el hecho violento sino el símbolo que representa impunidad, negligencia y corrupción multiplicando la indignación ciudadana. Las diferentes protestas —agricultores movilizados, jóvenes y movimientos urbanos, estudiantes y grupos civiles organizados— pueden convertirse en punto de convergencia dejando de ser sectoriales para convertirse en transversales.
Esto genera un riesgo para la gobernabilidad y podría unificarse una sola narrativa que no será controlada por los propagandistas del gobierno.
La respuesta de Sheinbaum anunciando otro plan para Michoacán llega muy tarde y agravia una rabia subyacente. Está por verse si logra paliar la indignación organizada que ha demostrado ser una de las fuerzas sociales más poderosas en la historia.
@GomezZalce