La libertad de prensa en México atraviesa uno de sus momentos más críticos. El más reciente World Press Freedom Index, publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), sitúa al país en la posición 124 de 180 naciones evaluadas. Pese a una leve mejora en su calificación global, México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos bélicos. La violencia contra la prensa no se limita al crimen organizado; también proviene de actores estatales, incluidas fuerzas de seguridad y autoridades locales, que recurren a la intimidación, el hostigamiento e incluso a la represión directa, como quedó recientemente evidenciado en el caso del periodista Héctor de Mauleón.
Según RSF, la mayoría de las y los periodistas asesinados cubrían temas vinculados con la corrupción y la seguridad pública en regiones caracterizadas por una alta presencia del crimen organizado y una débil institucionalidad estatal. Esta combinación da lugar a lo que el índice denomina “zonas de silencio informativo”: espacios donde el ejercicio periodístico ha sido desplazado por el miedo. A este panorama se suma la controvertida propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que ha generado preocupación por posibles restricciones arbitrarias a la libertad de expresión en Internet, sin garantías suficientes para la protección de derechos fundamentales, como advierten organizaciones como R3D y Artículo 19.
Además de la violencia, RSF señala que la sostenibilidad financiera de los medios representa una amenaza creciente para la libertad de prensa. En México, esta problemática es particularmente aguda: la dependencia de la publicidad oficial y la concentración de la propiedad mediática comprometen seriamente la autonomía editorial. Los medios independientes enfrentan enormes dificultades para subsistir, lo que se traduce en redacciones debilitadas, escasa remuneración para el personal periodístico y una creciente dependencia de fuentes de financiamiento con capacidad de influir en la línea editorial. En muchos casos, esta precariedad opera como una forma sutil pero eficaz de censura estructural.
Mientras países como Brasil muestran señales de apertura, otras democracias latinoamericanas, como El Salvador y Nicaragua, han profundizado sus prácticas autoritarias. México se encuentra en una zona ambigua: sin censura directa institucionalizada, pero con suficientes mecanismos informales y amenazas normativas capaces de silenciar voces críticas.
La libertad de prensa no es un lujo: constituye una condición indispensable para el debate público informado, la rendición de cuentas y la construcción de ciudadanía. Cuando el periodismo es acallado, la deliberación democrática se empobrece, la corrupción se oculta y el poder se ejerce sin contrapesos.
México se juega mucho más que su posición en rankings internacionales: está en juego su capacidad de sostener una esfera pública crítica, diversa y verdaderamente libre.