Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa el viernes 21 de agosto, después de 112 días de licencia. Duró en el cargo 34 horas. El sábado ya había firmado una nueva solicitud, esta vez indefinida.
Entre un movimiento y otro 23 gobernadores le exigieron "madurez y responsabilidad", la presidenta Sheinbaum dijo no haber sido notificada de su regreso y advirtió que ningún interés personal puede colocarse por encima de la nación. El Congreso se limitó a votar, siempre por unanimidad, lo que Rocha Moya ya había decidido solo.
El sistema político mexicano desarrolló, frente a un gobernador señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un instrumento de control que no controla nada: el deslinde público. Se declara distancia, se exige compostura, se cuestiona la decisión ante las cámaras, y con eso se cierra el asunto. La declaración sustituye la sanción.
El lunes esa lógica llegó a su versión más clara. Sheinbaum explicó que Rocha Moya pidió licencia definitiva, no renuncia, y que quien lo sustituya se quedará en el cargo hasta el relevo por las elecciones de 2027. La frase es un ejercicio de ingeniería semántica: una licencia, por definición, es temporal y reversible; llamarla "definitiva" produce el efecto práctico de una salida permanente sin recurrir a ninguna de las figuras que la Constitución prevé para eso. Rocha Moya conserva el título, el interinato se extiende por año y medio y nadie tuvo que tramitar ni una renuncia ni un desafuero.
El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad el regreso el viernes y por unanimidad la nueva licencia, pero tardó dos días en resolver quién ocuparía el interinato. El martes nombró a Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación de Rocha Moya y diputada federal de Morena con licencia, que gobernará hasta octubre de 2027 con los votos en contra de PAN y PRI. El Consejo Intercamaral de Culiacán ya había pedido nombrar a un gobernador sustituto, no a un interino más. Si la ausencia va a durar más de dos años, ¿por qué sostener la ficción de que se trata de una licencia y no de una vacante?
El diseño que permite esto importa más que Rocha Moya. Si el deslinde verbal y la manipulación de una palabra bastan como respuesta política a una crisis de esta magnitud, ¿qué necesidad tiene el poder federal de activar mecanismos constitucionales más costosos? El deslinde cumple la función simbólica, mostrar distancia, sin pagar el precio político de una confrontación real con un gobernador de Morena.
¿Cuánto puede sostenerse un estado gobernado por una licencia que su propia presidenta llama definitiva? Y sobre todo: ¿a partir de qué punto la sustitución de palabras deja de ser matiz jurídico y se convierte en la manera en que el poder evita nombrar lo que realmente ocurrió?
X: @maeggleton