La más reciente encuesta de El Financiero confirma una intuición democrática que, en el contexto actual, conviene repetir con firmeza: la ciudadanía no quiere menos democracia, sino una democracia más sólida, más transparente y más equilibrada. Frente a la reforma electoral impulsada desde el oficialismo, los datos son claros.
El 69% de las personas encuestadas prefiere fortalecer la autonomía del INE, no trasladar sus funciones al gobierno. El 57% considera que la prioridad debe ser garantizar elecciones libres y confiables, no ahorrar dinero público, y 64% cree que una reforma de este calado debe construirse con diálogo y participación de todas las fuerzas políticas, no por decisión unilateral.
Estos resultados son una advertencia. Una mayoría de la ciudadanía sabe que cambiar las reglas del juego desde el poder, sin contrapesos ni deliberación, no fortalece la democracia: la vulnera. La democracia no se construye con eslóganes ni con mayorías artificiales fabricadas a través de reglas sesgadas, sino con instituciones sólidas, con garantías para las minorías y con mecanismos de control del poder. Representar no es mandar; representar es rendir cuentas, deliberar, respetar la diversidad y aceptar que ningún proyecto político —por muy legítimo que sea— puede imponerse como verdad única.
No es casual que el Congreso de la Unión sea una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. Cuando el Poder Legislativo renuncia a su función de contrapeso y se convierte en un brazo operativo del Ejecutivo, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales. Se vacía la representación de contenido, se debilita el debate y se elimina la posibilidad de corregir el rumbo.
La encuesta también revela otro dato inquietante: solo 19% de los encuestados considera que las diputaciones deben asignarse por el principio de mayoría. Eso no es sólo una crítica al contenido, sino al proceso. Una democracia se sostiene sobre reglas compartidas. Cambiar esas reglas sin consenso es una forma de fraude institucional: legal, tal vez, pero profundamente ilegítima.
Lo que está en juego no es una fórmula electoral más o menos eficiente. Es el derecho de la ciudadanía a participar, a vigilar, a exigir cuentas y a ser representada sin distorsiones. El INE no es perfecto, pero desmontarlo para colocar en su lugar un órgano subordinado al poder no corrige sus errores: los multiplica. Y reducir el número de diputaciones de representación proporcional no elimina privilegios: elimina voces.
Reformas sí, pero no así. No sin diagnósticos serios, sin datos públicos, sin deliberación plural. Y, sobre todo, no bajo la lógica de quien gana se queda con todo. Porque cuando la mayoría parlamentaria se usa para blindar al poder, la democracia deja de ser un sistema de derechos y se convierte en una herramienta de dominación.
La ciudadanía lo entiende. Las encuestas lo dicen. ¿Le importará a quienes legislan?.
@maeggleton