La reforma constitucional es, en un régimen democrático, uno de los instrumentos más significativos para dar forma a la arquitectura institucional de un Estado. Este mecanismo debería reflejar cambios significativos en el consenso social y adaptar la legislación a las realidades emergentes, sin embargo, parece haberse convertido en una herramienta de campaña para el presidente López Obrador.
El paquete de reformas presentadas el pasado 5 de febrero no parece aspirar a un progreso institucional ni a responder a las necesidades actuales del país; se perciben vinculadas a objetivos partidistas de alcance limitado y a los intereses electorales inmediatos del presidente de la República.
La maniobra del presidente al presentar un conjunto de reformas constitucionales con el proceso electoral en marcha y tan cerca del final de su mandato, es poco convencional, pero también, reveladora.
La falta de una mayoría legislativa que respalde dichas reformas sugiere que no busca tanto la transformación institucional como la ganancia política. El paquete de reformas a 18 leyes de rango constitucional no muestran un proyecto o plan de gobierno, son el reflejo de las lecciones aprendidas en el ejercicio del poder.
Al proponer medidas que eliminan los órganos autónomos, debilitan la independencia judicial y disminuyen la representación de partidos minoritarios en el Congreso, el presidente expresa claramente su visión de un México sin contrapesos.
Con la presentación anticipada de reformas constitucionales de gran alcance, el presidente López Obrador se adelanta al juego político, consciente de que sus propuestas enfrentarán rechazo. Su estrategia evidencia un movimiento táctico, no un cálculo errado: al prever la no aprobación de sus reformas, configura un escenario político para beneficiar a su partido en las urnas.
Es un cálculo diseñado para culpar a las oposiciones en el Congreso de la Unión por el rechazo a sus iniciativas y, así, convocar al electorado a favorecer a Morena y sus aliados.
La meta implícita es clara: obtener una mayoría abrumadora en el próximo proceso electoral que permita la implementación sin obstáculos de su agenda de reformas.
En este juego político resulta fundamental reconocer y denunciar el uso de las reformas constitucionales como moneda de cambio en la arena electoral. La Constitución no debe ser sujeta a manipulaciones coyunturales ni ser percibida como un instrumento al servicio de estrategias partidistas.
La verdadera esencia de las reformas constitucionales radica en su capacidad de plasmar los ideales y aspiraciones de una sociedad, no en su utilidad para ganar elecciones.
El uso electoral de la propuesta presentada da cuenta, una vez más, de su desprecio por la ley; el fondo de las reformas, de su desprecio por los contrapesos democráticos.