Tras el rechazo de su reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Sheinbaum envió al Senado un Plan B que, entre otras medidas, recorta el costo de la política local: máximo 15 regidores por municipio, una sindicatura y un tope de 0.7% del presupuesto estatal para los congresos locales. La Secretaría de Gobernación señaló a Baja California, Morelos y Michoacán como los estados que rebasan ese límite. Un cruce con los 32 decretos de presupuesto de egresos 2026 publicados en periódicos oficiales cuenta otra historia.
No son tres: son entre 12 y 16, dependiendo de si se mide sólo el congreso o el Poder Legislativo completo, que en la mayoría de los estados incluye al órgano de fiscalización. Morelos destina 1.54% de su presupuesto al congreso; Tlaxcala, 1.36%; Nayarit, 1.18%; Baja California Sur, 1.15%; Michoacán, 1.12%; Quintana Roo, 0.99%; Baja California, 0.95%; Guerrero, 0.94%, y Aguascalientes, Campeche, Durango y Zacatecas completan la primera franja. Al sumar al órgano de fiscalización, se añaden Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Ciudad de México.
El problema no es la austeridad, es la métrica. Un porcentaje fijo sobre el presupuesto total castiga a estados con economías pequeñas y alta dependencia de transferencias federales etiquetadas. Tlaxcala tiene un presupuesto de 30 mil 086 millones de pesos —la mitad son aportaciones con destino específico—, mientras que la Ciudad de México maneja 313 mil 385 millones de pesos con base fiscal propia. Aplicar el mismo 0.7% para ambos ignora que los recursos de libre disposición varían radicalmente.
Hay otro ángulo omitido. En Chiapas, el órgano de fiscalización absorbe 243 millones de 586 millones de pesos del Legislativo. En Sinaloa, incluirlo hace que el Poder Legislativo pase de 0.34% a 0.78%, rebasando el tope. Un recorte ciego puede debilitar a las instituciones que vigilan el recurso público. Recortar al vigilante para ahorrar en la vigilancia es una paradoja que merece más debate.
Querétaro se ubica en 0.67% si se cuenta sólo el congreso; al sumar la Entidad Superior de Fiscalización, roza el tope. La reforma prohíbe incrementos reales para quienes ya están por debajo, pero no prevé mecanismos de ajuste.
Reducir privilegios legislativos es legítimo. Los 34.8 millones anuales por diputado en Baja California frente a 5.1 millones en Colima evidencian disparidades que merecen corrección. Pero un tope único sin diagnóstico diferenciado arriesga tratar como exceso lo que en algunos casos es operación mínima, y como eficiencia lo que puede ser subfinanciamiento de la función legislativa.
Los datos existen. Las gacetas están publicadas. Lo que falta es un análisis de impacto que cruce presupuestos, ingresos de libre disposición y funciones de fiscalización antes de fijar un número en la Constitución. Sin ese ejercicio, el 0.7% es un eslogan con decimales.
