La transparencia es un elemento fundamental en el quehacer de los gobiernos democráticos al permitir a la ciudadanía ejercer un control efectivo sobre sus representantes y promover el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
La opacidad crea un entorno propicio para la corrupción; en la medida en que las y los funcionarios pueden ocultar sus acciones y decisiones sin temor a sanciones, se debilitan significativamente las instituciones. La falta de transparencia genera desconfianza erosionando el capital social y amenazando la estabilidad y legitimidad de los sistemas políticos, además, incide en la eficiencia en la gestión de recursos públicos, dificultando el control y la evaluación de políticas y programas gubernamentales.
Dos ejemplos extremos de la comedia de enredos en que se ha convertido nuestro sistema político: por un lado, el veto presidencial a las dos propuestas del Senado para cubrir dos de las tres vacantes en el pleno del INAI y la campaña emprendida en contra del instituto desde Palacio Nacional; por otro, la comunicación del estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador tras dar positivo a Covid-19.
Este gobierno se caracteriza por descalificar a los organismos autónomos con el fin de debilitarlos y, con ello, incrementar su margen de operación; lo vimos con el INE y, ahora, lo vemos con el INAI. Sin embargo, esta práctica —que empieza a volverse costumbre— retrata de cuerpo entero a la cuarta transformación. En un universo donde las posiciones las ocupan quienes son leales —aunque no sean capaces ni cuenten con las credenciales necesarias— y las decisiones se toman por capricho, no hay espacio para la transparencia. La negativa para completar la integración del pleno del INAI es un golpe maestro; la corrupción surge en entornos de secretismo y falta de responsabilidad como el que se ha buscado, por todos los medios, consolidar a lo largo de este sexenio.
El segundo ejemplo ilustra el efecto que genera la falta de transparencia en la confianza. El que el presidente presente problemas de salud (graves o no) no es una situación que, en sí misma, ponga en riesgo la estabilidad del país. Tardar casi 24 horas en hacer un pronunciamiento al respecto por parte de una autoridad acreditada, sí. Los gobiernos transparentes y responsables demuestran que sus acciones y decisiones se basan en el interés público; los gobiernos opacos e irresponsables, por el contrario, evidencian que las acciones y decisiones se basan en intereses particulares socavando la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
Habría que reconocer, empero, que la falta de transparencia nos une como sociedad permitiéndonos compartir la confusión colectiva y la interminable búsqueda de la verdad. ¿Qué más se puede pedir? En lugar de transparencia y honestidad deberíamos agradecer este enfoque original y efectivo de gobernanza versión 4T.
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