La elección presidencial del domingo pasado en Argentina permite reflexionar sobre la participación electoral, uno de los elementos que más cuestionamos de nuestra democracia.

La legislación mexicana contempla al voto como un derecho y una obligación, sin embargo, en tanto no está reglamentado, no se aplica sanción alguna por no votar; por ello, votar es, en la práctica, un derecho. En el caso argentino, la ley establece claramente la obligatoriedad del voto y la existencia de una sanción para todas aquellas personas entre los 18 y los 70 años que se abstengan de votar (salvo cuando aplique justificación por cuestiones de salud o por estar a más de 500 kms. de su residencia, lo que debe acreditarse ante la comisaría).

La evidencia empírica da cuenta de que la obligatoriedad del voto influye de manera directa en la participación, sin embargo, es también materia de debate. A favor, se argumenta —además de una mayor participación— que las decisiones políticas reflejan la voluntad de una mayoría más amplia, lo que puede conducir a una representación más equitativa y a gobiernos que reflejan la diversidad y las necesidades de toda la sociedad.

Además, puede reducir el impacto de grupos de interés y el poder del dinero en la política, ya que una base de votantes más grande y diversa es más difícil de influenciar mediante tácticas de campaña dirigidas a segmentos específicos.

En contra, se sostiene que el voto obligatorio constituye una infracción a la libertad individual, forzando a las personas a participar en un proceso que quizás no respaldan o para el que no se sienten informadas adecuadamente.

Asimismo, se argumenta que puede llevar a un incremento de votos no informados o desinteresados, lo que distorsiona el resultado electoral y no necesariamente lleva a elegir a los mejores candidatos.

¿En qué medida la participación electoral es un reflejo del nivel de consolidación democrática? Si bien una participación amplia puede ser un indicador del compromiso y la confianza de la ciudadanía en el sistema político, lo que puede contribuir a la legitimidad y estabilidad de las instituciones democráticas, hay poca claridad en términos de qué implica una participación alta, especialmente en aquellos sistemas donde el voto no es obligatorio.

En México, la media de participación de las últimas 4 elecciones presidenciales es 61.8% y se cuestiona, por ello, la calidad de nuestra democracia; en los Estados Unidos, la media de participación en las últimas 4 elecciones presidenciales es 58.9% y suele ser un referente de procesos democráticos. Ahora bien, si lo comparamos con Argentina, se observa una media de participación del 76.8% en las elecciones generales a lo largo del siglo.

¿Qué refleja la participación en las elecciones del domingo en Argentina? Sin duda la voluntad de una amplia mayoría, pero también, la búsqueda de soluciones en los extremos. La historia reciente argentina da cuenta de que, en un entorno de intensa polarización, no hay ganadores posibles.