Uno de los temas que más implicaciones puede tener en nuestra democracia es la reforma al sistema electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reiterada por Claudia Sheinbaum Pardo en el debate del domingo pasado.

Eliminar los escaños de representación proporcional (plurinominales) en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero también en los congresos locales, no sólo conlleva múltiples riesgos y repercusiones para la democracia y la representación política, sino que propicia la concentración del poder en un solo partido, como ya lo vivimos ⎯y padecimos⎯ durante décadas.

Eliminar la representación proporcional bajo el argumento de reducir costos es una falacia. El sistema actual, que combina mayoría relativa con representación proporcional, permite una mayor inclusión de partidos minoritarios y garantiza una representación más diversa en el Congreso de la Unión.

Además, un sistema de mayoría relativa pura puede aumentar las desigualdades en la representación. Los sistemas de mayoría relativa tienden a beneficiar a los partidos con mayor apoyo concentrado en regiones específicas; esto puede resultar en una distribución de escaños que no refleje proporcionalmente la voluntad del electorado, disminuyendo la equidad del sistema electoral.

Otro efecto de esta propuesta es la formación de mayorías artificiales en el legislativo ya que el partido más votado suele convertirse en la minoría más numerosa y obtener, con ello, una cantidad desproporcionada de escaños, resultando en gobiernos con mayorías legislativas que no reflejan el apoyo real del electorado.

Los sistemas mayoritarios suelen conducir a gobiernos más fuertes pero menos representativos, generando tensiones sociales y políticas al sentirse una parte significativa de la población no representada en el gobierno. En un entorno de polarización como el que vivimos, esto no resulta deseable.

Nuestro sistema electoral fomenta el pluralismo al permitir la coexistencia de múltiples partidos en el legislativo. En las condiciones actuales, una legislatura integrada por 300 escaños de mayoría relativa implicaría un alto riesgo de concentración del poder en manos del partido en el gobierno. Esta concentración no sólo reduce la diversidad y la representatividad política, sino que también incrementa la vulnerabilidad a prácticas antidemocráticas como la exclusión sistemática de voces opositoras.

Consolidar el poder en un reducido número de actores políticos crea un entorno propicio para el abuso de poder y la erosión de la confianza pública en las instituciones democráticas.

La historia ha demostrado repetidamente los efectos que la concentración del poder político tiene sobre la equidad y la justicia. Como planteó Lord Acton en 1887, “el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”.