El Global Organized Crime Index 2025 deja claro que el crimen organizado no es una amenaza estática sino un ecosistema que aprende, se moderniza y ocupa los huecos del Estado: cuando cambian las condiciones cambian también sus rutas, sus negocios y sus pactos. En ese marco, el dato que debería sacudir a cualquier gobierno es que México aparece en tercer lugar mundial en criminalidad (7.68, al alza frente a 2023) y en primero en mercados criminales (8.27): no es un ranking para la nota roja, sino un diagnóstico político sobre capacidad estatal, integridad institucional y el futuro mismo de la democracia.
Que México sea primer lugar en mercado criminal significa que aquí confluyen múltiples economías ilícitas: drogas, extorsión y cobro de piso, trata y explotación, tráfico de armas, delitos ambientales y un componente cada vez más sofisticado de finanzas criminales. Pero el elemento más inquietante no es solo la expansión de mercados; es quién los facilita.
El reporte insiste en que los actores incrustados en el Estado siguen siendo el tipo de actor criminal más influyente a nivel global. Y muestra una relación estructural devastadora: cuando ese tipo de actor crece, la resiliencia cae. En particular, el indicador “sistema judicial y detención” se deteriora y, además, está fuertemente asociado a la presencia de actores estatales criminalizados. Esto es, donde la justicia está capturada o intervenida, el crimen no solo opera, gobierna.
El Índice sugiere que el punto central del problema es la calidad de las instituciones que controlan el poder. Si la persecución penal es selectiva, la justicia lenta o politizada, las prisiones centros de operación criminal y la fiscalización financiera débil, el crimen organizado encuentra el ambiente perfecto para expandirse, diversificarse y mezclarse con la economía legal.
Por eso México puede registrar decomisos, detenciones espectaculares y, aun así, sostener niveles tan altos de criminalidad: porque la disputa no se resuelve en la foto del objetivo prioritario, sino en la capacidad cotidiana del Estado para romper incentivos, cerrar rutas de lavado, proteger testigos, investigar sin filtraciones, procesar sin consigna y sentenciar sin excepciones.
Ser primera potencia criminal no es un dato: es una alarma democrática. Cuando el mercado ilícito alcanza ese tamaño, no solo crece la violencia, se distorsiona la representación, se capturan gobiernos locales, se financian campañas en la sombra, se gobierna por coerción y se normaliza el silencio. La criminalidad no es un problema sectorial; es un problema de Estado.
México ya no puede tratar su crisis criminal como una emergencia permanente que justifica excepciones. Estamos en un punto de inflexión donde el crimen se moderniza más rápido que el Estado. Sin justicia efectiva y sin control del dinero sucio, la democracia no se erosiona: se entrega.
X: @maeggleton