Mientras las y los diputados discuten el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y se anuncian recortes significativos a los organismos autónomos —a excepción, por supuesto, de las muy autónomas Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República, se intensifica la confrontación por la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo cuyo objetivo, con el pretexto de la austeridad, es controlar al árbitro, bajo el supuesto de la extinta Comisión Federal Electoral de que quien controla al árbitro, controla el resultado de las elecciones, hay “otros datos” que resultan preocupantes para nuestra muy vapuleada democracia y se enmarcan claramente en los entornos de control autoritario que el presidente López Obrador tanto añora del régimen de partido hegemónico; me refiero a los recursos que se destinan a la consolidación de las clientelas electorales de su partido.
Hace unos días, Rafael Hernández Estrada, fundador y consejero nacional del PRD, publicó en Etcétera un artículo titulado “Cash para el clientelismo electoral”.
Sin duda el clientelismo es un fenómeno que no nos es ajeno, sin embargo, las cifras que reporta Hernández Estrada hacen pensar en una operación que rebasa todos los límites. Más aún, que hace ver a las clientelas del PRI hegemónico como un juego infantil.
El proyecto de presupuesto de egresos para 2023 contempla una asignación de 592 mil millones de pesos para los programas sociales que manejan —cual si se tratara de recursos personales del presidente— los servidores de la nación. Más aún, si hablamos de estructuras operativas, el dato no es menos escandaloso. Mientras el presupuesto solicitado por el INE para 2023 asciende a 14 mil 439 millones de pesos —dispendio escandaloso para los estándares presidenciales— tan sólo la nómina de los servidores de la nación supera los 3 mil 400 millones de pesos al año y los gastos de operación de dicha estructura se estiman en 15 mil millones de pesos anuales. Esto es, la estructura clientelar de Morena es más costosa que nuestra democracia y, sin duda, sus beneficiarios no son las personas adultas mayores que reciben su pensión, ni las y los estudiantes que reciben becas o los jóvenes que, se supone, están construyendo el futuro sino los cuadros cercanos al presidente que esperan que su lealtad y complicidad sea premiada con cargos, contratos y prebendas.
Es claro que prioridad que no está en el presupuesto es demagogia. Quizá nunca había sido tan claro. El 48% del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 se destinó a programas sociales, el 11.6% al sector salud (por eso estamos tan lejos de Dinamarca) y sólo el 0.19% a nuestra carísima democracia. Los datos presentados por Hernández Estrada dan cuenta de que, al terminar el sexenio, se habrán destinado, con cargo al erario, casi dos billones de pesos para las clientelas electorales de Morena; recursos que, si bien, sirven para paliar las necesidades de millones de personas en situación de pobreza, no generarán ningún beneficio en las oportunidades de millones de familias que históricamente han sido excluidas. Son seis años y 2 billones de pesos que en nada abonarán a cambiar sus condiciones de vida pero que sí reportarán beneficios electorales para unos cuantos cuyas ambiciones distan mucho de las máximas republicanas y democráticas que pregonan.
@maeggleton