El 25 de agosto, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable en una corte de Nueva York por delitos ligados al narcotráfico. Más que su confesión, lo relevante es el trasfondo y lo que aún permanece oculto.
Aunque su abogado afirmó que “los nombres que tiene El Mayo, se los queda El Mayo”, la frase sugiere que esa información existe, tiene valor y probablemente ya fue negociada con la fiscalía a cambio de beneficios judiciales.
El Cártel de Sinaloa no sobrevivió a cuatro sexenios sólo por capacidad logística. Su continuidad depende de complicidades de alto nivel: autoridades policiales, mandos militares, funcionarios de justicia, operadores financieros y actores políticos. La red de protección institucional es tan o más sofisticada que la propia estructura criminal. Y si El Mayo pudo llegar a un acuerdo, es porque ofreció más que una confesión: ofreció información.
No se trata de especular con listas secretas, sino de reconocer que el acuerdo de culpabilidad implica cooperación y que la fiscalía estadounidense no hace tratos sin recibir algo a cambio. Que la defensa diga que “los nombres no se compartirán” no significa que no hayan sido ya compartidos en privado, ni que no vayan a ser utilizados como palanca en investigaciones futuras. Lo que está en juego es la trazabilidad de un sistema entero de corrupción compartida entre el poder criminal y el poder formal.
En México, la reacción oficial ha sido el silencio. No hay exigencia pública de información al gobierno estadounidense. No hay posicionamiento institucional sobre el involucramiento de autoridades nacionales. Ni siquiera hay un intento por reconocer que este juicio tiene implicaciones para la seguridad y la justicia del país. El narco se sigue tratando como un fenómeno de violencia, no como una estructura de impunidad financiada y facilitada desde dentro del Estado.
Y aquí es donde la omisión se vuelve complicidad. Si las autoridades mexicanas no exigen transparencia sobre el contenido del acuerdo entre Zambada y la fiscalía norteamericana, si no se activa una colaboración institucional seria para dar seguimiento a las pistas que pudieran derivarse, estaremos confirmando lo que muchos ya suponen: que los nombres no sólo están en manos de los americanos, están también en los escritorios de funcionarios mexicanos que prefieren callar.
La declaración del Mayo no marca el final de una carrera criminal. Marca el inicio de una nueva etapa: la etapa en la que el Cártel de Sinaloa empieza a convertirse en material procesable para la justicia estadounidense, mientras en México seguimos atrapados entre el espectáculo y la negación.
El narco no se derrota sólo con arrestos espectaculares. Se debilita cuando se rompen las redes de protección que lo hacen intocable. Y esas redes, los fiscales del norte ya empezaron a deshilarlas.
La pregunta no es si El Mayo entregó nombres. La pregunta es qué hará —o no hará— el Estado mexicano con ellos.
X: @maeggleton