La detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, es útil para mirar un fenómeno más grande que ya no cabe en la categoría de crisis de seguridad. En México, el crimen organizado no solo amenaza al Estado, en amplias franjas del territorio lo administra, lo condiciona o lo sustituye y eso tiene una implicación política de fondo; hay lugares donde el poder real se ejerce sin necesidad de ganar elecciones. En México el crimen funciona como régimen local. No necesita controlar formalmente una alcaldía, le basta con controlar lo que importa: rutas, aduanas informales, giros económicos, permisos, policías, y sobre todo, el miedo.
La detención de un personaje presuntamente vinculado al CJNG no representa solo un golpe táctico, exhibe la arquitectura cotidiana de un poder paralelo que opera como autoridad de facto. Ese poder se sostiene en tres mecanismos. Primero, la coerción: la capacidad de imponer obediencia mediante amenazas creíbles. Segundo, la captura: cuando segmentos del Estado (policías, fiscalías, oficinas locales) se integran al engranaje criminal. Tercero, la economía: el control de flujos ilegales (extorsión, cobro de piso, contrabando y protección) que convierte al crimen en recaudador y, por tanto, en autoridad de facto. Cuando esas tres condiciones se consolidan, el crimen ya no actúa como grupo clandestino, sino como una forma de gobernanza. Regula conflictos, sanciona, cobra, autoriza, castiga. Decide quién abre un negocio, quién transporta mercancía, quién participa en política y quién no.
La democracia puede seguir celebrando elecciones, pero lo sustantivo, la competencia libre, se degrada. Por eso el tema no es solo de seguridad pública, sino de representación democrática. En territorios capturados, la violencia selectiva contra personas candidatas, la imposición de acuerdos locales, el financiamiento ilegal y el control social generan un efecto devastador: el voto pierde poder real. La ciudadanía no elige entre proyectos, elige entre sobrevivientes, entre opciones filtradas por el miedo o por la cooptación. Eso no es pluralismo, es simulación. Por eso no basta con golpes espectaculares. Si no se desmontan las condiciones que permiten al crimen gobernar cada detención corre el riesgo de ser solo un reemplazo de operador.
La estructura se adapta. El mercado se reacomoda. El territorio sigue bajo mando. Lo más grave es que esto normaliza una idea perversa de gobernabilidad, que hay zonas donde el Estado negocia su presencia y la ciudadanía aprende a vivir con autoridad doble.
El desafío ya no es mejorar la seguridad, es recuperar soberanía. Que la autoridad vuelva a emanar de la ley.
X: @maeggleton
