La semana pasada, daba cuenta del poco alentador panorama que presenta para la democracia mundial el Índice de la Democracia 2023 de The Economist, donde sólo en 43 de los 76 países con procesos electorales este año hay elecciones totalmente libres y justas; México no está entre ellos.
La evaluación ubica a México en su nivel más bajo desde 2006, cuando alcanzaba un puntaje de 6.67. El indicador llega a su punto más alto en 2010 con 6.93, empieza a descender en 2014 y registra una caída drástica a partir de 2018. En 2021 deja de considerarse una “democracia imperfecta” para convertirse en un “régimen híbrido” y en 2023 obtiene un puntaje de 5.14 sobre 10. El informe ubica a México en el lugar 90 de 167 países y en el 16 de los 24 países latinoamericanos, por debajo de Perú, Ecuador, Panamá o Guyana, entre otros. La categoría mejor evaluada es “Proceso electoral y pluralismo”, donde obtiene 6.92 de 10 puntos posibles; seguida de “Participación política”, con 6.67; “Libertades civiles”, con 5.59; “Funcionamiento del gobierno”, con 4.64 y, la peor evaluada, por mucho, es “Cultura política”, con 1.88, cuando la media mundial para el indicador es 5.24 y la de la región 4.01.
El bajo puntaje en cultura política implica, de acuerdo con los elementos considerados para construir el indicador, una marcada falta de consenso y cohesión social, elementos esenciales para el sostenimiento de una democracia estable y funcional. Revela, además, que una proporción significativa de la población prefiere un liderazgo autoritario que restrinja las funciones del Poder Legislativo y limite el papel de las elecciones, inclinándose por formas de gobierno alternativas como el militar o la tecnocracia. Esta preferencia se acompaña, además, de una percepción generalizada de la ineficacia de las democracias para mantener el orden, lo que se traduce en un apoyo limitado hacia el sistema democrático.
La evaluación que se presenta del contexto político mexicano ofrece un análisis detallado y crítico de la situación actual. Pone en evidencia un sistema electoral plagado de irregularidades que, con frecuencia, socava la libertad y equidad de los comicios, así como la prevalencia de la presión gubernamental sobre la oposición. Señala deficiencias significativas en la cultura política, el desempeño gubernamental y la participación política. Destaca la corrupción endémica y la fragilidad del Estado de derecho. Retrata una sociedad civil frágil, en un entorno donde el acoso a periodistas y la subyugación del Poder Judicial son prácticas constantes.
Al análisis de The Economist sólo le falta un detalle esencial, destacar que en este “nuevo” régimen, la autoridad moral del Presidente está por encima de la ley. Este elemento es el último eslabón para comprender una realidad donde la figura del Ejecutivo federal trasciende las fronteras de la legalidad establecida, redefiniendo el concepto de justicia a su imagen y semejanza.
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