La envoltura de la reforma electoral es fiscal, reducir el costo de la democracia. Sin embargo, el pretexto se cae con sus propias cifras: el costo total del sistema electoral ronda el 0.25% del Presupuesto de Egresos (25 centavos por cada 100 pesos ejercidos) y la propia SHCP ha reportado que la reforma no tiene ni tendrá impacto presupuestario adicional. El ahorro es marginal. Lo que no es marginal está después del primer párrafo de la exposición de motivos, el rediseño de incentivos para convertir una competencia incierta en una ventaja administrable.
El corazón de la reforma está en la representación. El sistema mixto mexicano existe por una razón: la mayoría relativa produce ganadores, pero la representación proporcional corrige la brecha entre votos y escaños. Sin ese mecanismo compensatorio, un partido puede obtener mayoría legislativa con minoría de votos. La reforma conserva la etiqueta “200 diputados de RP” pero migra hacia esquemas de “mejores perdedores” y voto directo por circunscripción que, en la práctica, destruyen el efecto corrector.
No se elimina la representación proporcional en el papel; se desactiva su función en los hechos, que es peor. Un sistema puede parecer plural en su diseño y producir resultados de partido único en las urnas. La reforma llama a esto “ampliar la participación”.
En la práctica, esto significa enfrentar una boleta con decenas de nombres; si cada partido registra 20 candidatos por circunscripción (como permitiría el nuevo esquema), con el número de partidos con registro al día de hoy habría que elegir entre 120 candidaturas.
Cuando la información desborda al votante, alguien más decide por él, como ya vimos en la elección judicial (guías de voto, operadores, clientelismo, coacción). No es necesario manipular urnas cuando se “orientan” decisiones.
Sin embargo, lo más revelador está en lo que la reforma omite deliberadamente. En un país con intervención criminal documentada en procesos electorales no aparecen candados contra esa intromisión; en un Congreso con sobrerrepresentación recurrente no se fijan límites claros; en una vida parlamentaria marcada por el transfuguismo no se corrige el problema. Estos vacíos no son descuidos de redacción, son decisiones. Y las decisiones que se posponen para leyes secundarias se toman después, cuando el debate público ya pasó y el margen de maniobra del gobierno es mayor.
Se reforma lo que conviene y se deja para después lo que podría limitar al poder.
El debate correcto no es cuánto cuesta la democracia, sino qué tipo de representación produce. Una reforma que reduce la proporcionalidad, sobrecarga la boleta y deja los detalles críticos para leyes secundarias no moderniza el sistema, lo rediseña a favor de quien ya gobierna. Cuando el poder quiere un árbitro más barato, casi siempre quiere más poder sin más votos.
X: @maeggleton
