En política, las formas importan, pero los silencios dicen más. El anuncio de que Pablo Gómez deja la UIF para encabezar la Comisión para la Reforma Electoral, fue presentado oficialmente como un reconocimiento a su trayectoria legislativa; en la práctica, parece más bien una salida elegante para apartarlo de una responsabilidad que jamás cumplió: seguir el dinero.
El paso de Pablo Gómez por la Unidad de Inteligencia Financiera fue, en el mejor de los casos, intrascendente. Durante años, especialistas, periodistas y organismos internacionales han advertido sobre el papel clave que juegan las finanzas en la expansión de la violencia en México. Las organizaciones criminales no sólo controlan territorios; controlan flujos financieros, empresas fachada, redes de corrupción institucional. Combatirlas requiere más que fuerza bruta, inteligencia financiera real. Y ahí es donde la UIF debió jugar un rol estratégico.
No lo hizo. Lejos de avanzar en el desmantelamiento de estas estructuras, la UIF que dirigió Gómez se caracterizó por su bajo perfil, escasa coordinación con otras agencias y una falta sistemática de resultados contundentes. En el país de los miles de millones lavados, las cuentas congeladas fueron anecdóticas. Las denuncias penales, selectivas. Y las filtraciones —cuando las hubo— parecían más orientadas a golpear adversarios políticos que a construir casos sólidos contra el crimen organizado.
Ahora, en lugar de un relevo con explicaciones institucionales claras, se anuncia su “ascenso” a una comisión presidencial sin poder real, sin estructura y sin garantía alguna de influencia en el proceso legislativo. La señal es inequívoca: la presidenta Sheinbaum no le confía tareas clave de su administración. Lo remueve con una salida decorosa que, al mismo tiempo, lo neutraliza políticamente. En otras palabras: un reconocimiento que suena a jubilación anticipada.
Pero lo más preocupante no es su salida, sino lo que viene a confirmar: que la UIF ha sido una oportunidad perdida. Que el Estado mexicano sigue sin tener una estrategia seria para debilitar el músculo financiero de los cárteles. Y que, pese al discurso anticorrupción, el dinero sucio continúa fluyendo sin freno ni fiscalización real.
En tiempos donde el crimen organizado tiene capacidad de capturar elecciones locales, financiar campañas, controlar economías regionales y silenciar opositores, lo mínimo esperable era una UIF sólida, autónoma, articulada con inteligencia e impacto. No ocurrió. Y ahora se premia el fracaso con una silla decorativa.
Decía la lógica del periodismo investigativo: follow the money. Pero en este caso, seguir el dinero habría significado incomodar demasiados intereses.
La pregunta no es por qué se fue Pablo Gómez. La pregunta es por qué nunca lo dejaron hacer —o por qué nunca quiso hacer— lo que su cargo exigía: seguir el dinero, caiga quien caiga. Porque si el crimen sigue financiándose a plena vista, la transformación no sólo es incompleta. Es cómplice.
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