Las condiciones en que se ha organizado la elección judicial evidencian que no estamos ante un proceso orientado a garantizar una decisión libre, informada y autónoma; por el contrario, se trata de una estrategia diseñada para validar desde las urnas un control político previamente establecido.

La elección de este domingo ilustra con claridad cómo un procedimiento electoral, aunque legal en su forma, puede ser manipulado para consolidar un proyecto de poder ya definido, utilizando la apariencia democrática como herramienta de legitimación.

Aunado a las implicaciones del proceso en materia de captura del Poder Judicial, destaca la normalización de prácticas que distorsionan la libertad del voto. La circulación masiva de “acordeones” con nombres y números de candidatos (en general afines a Morena), no solo socava la autonomía del votante, sino que evidencia una operación sistemática para orientar el resultado desde el aparato estatal. Esto no configura una contienda electoral auténtica, sino una escenificación en la que las decisiones ciudadanas están prefiguradas por redes clientelares y directrices partidistas.

A ello se suma un sesgo flagrante en la selección de candidaturas, muchas de las cuales están vinculadas al oficialismo, consolidando la sospecha de que esta elección busca reconfigurar el Poder Judicial a favor del Ejecutivo bajo el ropaje de la participación ciudadana.

Si aceptamos que la legitimidad democrática no se agota en el cumplimiento formal de reglas, sino que exige una validación sustantiva por parte de la sociedad, entonces la participación ciudadana adquiere un valor fundamental.

El INE ha proyectado una participación de entre el 8% y el 15%, una cifra que, en cualquier democracia sólida, resultaría no sólo insuficiente sino preocupante. Las consultas previas, como la de 2021 sobre el juicio a expresidentes, mostraron niveles igualmente bajos (7.11%), lo que invalidó cualquier pretensión de respaldo popular. Aunque en esta elección no se requiere un umbral mínimo de participación, asumir que menos del 20% de los electores puede legitimar una reconfiguración profunda del Poder Judicial es, como mínimo, una falacia política. Esta baja participación no refleja una ciudadanía empoderada, sino una sociedad desinteresada y desmovilizada.

La elección del próximo domingo no constituye un paso hacia la democratización del sistema de justicia; no hay una ciudadanía empoderada que decide, de manera libre e informada, transformar la impartición de justicia. Lo que estamos viendo es una operación orquestada desde la élite gobernante para capturar el Poder Judicial y someterlo a su lógica de control.

Lejos de constituir una expresión de soberanía popular, esta elección representa un movimiento calculado para alinear los contrapesos institucionales con los intereses de un proyecto político que no tolera límites. Es, en suma, la teatralización del voto como herramienta de dominación.

X: @maeggleton