La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a invalidar la primera parte del Plan B —Ley de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativa— por violaciones graves al proceso legislativo ha reforzado los ataques al Poder Judicial desde el Ejecutivo. Primero, el secretario de Gobernación expresó que “Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”.
Después, el presidente llegó a extremos excesivos, incluso para él, afirmando que “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido […] Es un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los Ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz […].”
A estas alturas del sexenio ya no extrañan los desplantes del Ejecutivo. La narrativa responde a una estrategia cuyos efectos —en sus cálculos— serán positivos para su movimiento. Sin embargo, resulta pertinente preguntarnos ¿A qué responde la furia presidencial? ¿A qué le teme? Cada vez con más frecuencia y enojo el presidente no sólo azuza, miente. Por un lado, Morena y sus aliados en el Congreso pasaron por encima de las reglas del proceso legislativo, para imponer la voluntad del presidente; por otro, la SCJN no sólo tiene la facultad, está obligada a garantizar que las normas y actos de los poderes públicos no contravengan la Constitución.
La dispensa de trámites llevó a que se votara una ley que las y los legisladores no conocían. Si bien es claro que para muchos representantes votar sin saber qué votan es una práctica cotidiana, no lo justifica.
El procedimiento tiene como finalidad la deliberación; el debate, la expresión de argumentos y reflexiones abiertos. La deliberación garantiza la legitimidad democrática, promueve la toma racional de decisiones permitiendo examinar pruebas, evaluar alternativas y consecuencias antes de llegar a un fallo, además, es una salvaguarda contra la tiranía de la mayoría, asegurando que las perspectivas de las minorías se tengan en cuenta en el proceso legislativo.
Sin embargo, el presidente López Obrador y sus cercanos no se dan cuenta de que esta batalla ganada contra la imposición autoritaria no es mérito de las oposiciones a las que desprecia, sino de las instituciones a las que se ha empeñado en debilitar. De instituciones que, a pesar de sus fallas, son un logro de nuestra democracia y que, por ello, tienen el respaldo de amplios sectores de la ciudadanía más allá de simpatías partidistas. El presidente dirige su discurso de odio a sus adversarios, sin embargo, a quien agrede es a la ciudadanía, a millones de personas, muchas de las cuales, votaron por él.
A poco más de un año de la elección de quién lo sucederá en el cargo, el presidente se muestra tal cual es, sin máscaras; ya no oculta su vocación autocrática, su desprecio por la ley y las instituciones, su delirio.
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