Cada vez que México invoca la soberanía para responder a una acusación penal, gasta capital diplomático que no se recupera. El principio llega desgastado a las negociaciones donde sí está en juego la autonomía del Estado.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa. La respuesta llegó en minutos, formulada casi en serie: Rocha Moya habló de una “perversa estrategia para violentar la soberanía nacional”; el senador acusado Enrique Inzunza lo repitió con términos casi idénticos; la presidenta Sheinbaum agregó que el caso podría representar una acción “injerencista” del gobierno de Trump. El argumento soberanista no tardó más de una hora en instalarse como respuesta oficial.
La soberanía importa, y México tiene motivos históricos legítimos para resistir la intervención estadounidense en sus asuntos internos, con mayor razón frente a una administración Trump que ha amenazado con operaciones unilaterales en territorio mexicano, ha presionado en materia arancelaria y ha convertido el combate al narcotráfico en moneda de negociación política.
Ese es el terreno donde su defensa requiere argumentos sólidos, posiciones sostenidas y credibilidad acumulada. Ninguna de esas tres cosas se construye invocando el principio cada vez que un funcionario acusado necesita reencuadrar su situación personal como conflicto geopolítico.
La FGR actuó dentro del marco procedimental correcto al señalar que la solicitud de detención provisional no cumple con los estándares del tratado bilateral y al pedir documentación adicional a Washington. Ese es el camino institucional. Pero el discurso que circuló en paralelo no era procedimental; era político, y tenía un destinatario interno: la base de Morena, a la que se le ofreció una lectura del caso donde el adversario no es el crimen organizado sino el imperialismo trumpista.
El desplazamiento tiene un costo que no siempre es visible de inmediato. Cada vez que la soberanía aparece como primer recurso ante una acusación incómoda, se adelgaza su contenido. El principio pierde peso específico con cada uso instrumental, hasta convertirse en el argumento disponible para quien necesite una salida, sin importar si lo que está en juego es la autonomía del Estado o la reputación de un funcionario. Quienes tendrán que negociar con Estados Unidos los términos reales de la cooperación en seguridad, los límites de las operaciones en territorio nacional o las condiciones del T-MEC en revisión, heredarán un principio gastado por el uso electoral. Y Washington lo sabe.
La soberanía, como cualquier argumento político, vale lo que vale su uso más reciente. ¿Con qué argumento defiende México su soberanía frente a una injerencia real, cuando ya lo usó para defender a un gobernador acusado de trabajar para el narcotráfico?
X: @maeggleton