Hoy empiezo explicitando mi prejuicio. Me tocó presenciar el cambio político, que comúnmente llamamos transición a la democracia; dejamos atrás un sistema autoritario en el que el presidente y su partido tomaban todas las decisiones. Muchos pensábamos que, por el carácter autoritario del régimen, todas las decisiones eran malas. Quizá no lo fueron, pero lo cierto es que se imponía una sola visión al conjunto de la sociedad y los planteamientos alternativos de las oposiciones eran “derrotados” con el poder de la mayoría.
En 1997 el partido del presidente perdió el control de la Cámara de Diputados; en 2018 un nuevo partido y su candidato presidencial lo recuperaron. El triunfo arrollador no es nuevo; en épocas del autoritarismo esa “hazaña” se repetía cada tres años. La diferencia tiene que ver con que, en el pasado, esos triunfos eran producto de que el PRI tenía muchos votos, pero también de que las reglas estaban diseñadas para que el entonces partido de Estado no pudiera perder una sola elección. La historia de este siglo nos mostró que las reglas cambiaron y eso permitió que, si así lo decidían las y los votantes, hubiera alternancia en todos los órganos de representación y de gobierno y que, los titulares del ejecutivo no tuvieran mayoría automática en los órganos legislativos. Así es el juego democrático, la división de poderes propicia que las oposiciones tengan la posibilidad de incidir en las decisiones pues representan a un segmento de la población. Por supuesto que la mayoría tiene derecho a tomar las decisiones; en términos democráticos no se cuestiona. Sin embargo, en una democracia que aspira a ser consensual se espera que las propuestas de las minorías sean aceptadas cuando son razonables y rechazadas cuando carecen de fundamento.
Como respuesta al proyecto de presupuesto del Ejecutivo federal la oposición presentó propuestas de modificación. Lo hizo con anticipación y no faltaron los buenos argumentos para fundamentarlos. La propuesta de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD implicaba una disminución en los programas que se consideran insignia de esta administración: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren
Maya y la Refinería de Dos Bocas. Programas que pueden ser buenos pero que han sido cuestionados no solamente por la opacidad en la asignación de los contratos sino por su propia viabilidad técnica (sin duda el decreto publicado en el DOF dará mucho más que decir al respecto).
En la Cámara de Diputados no sólo no fue debatida la propuesta opositora (el PEF se aprobó en lo general con 273 votos a favor y 214 en contra) sino que, ni una de las 1994 reservas que presentaron los diputados de oposición fueron siquiera escuchadas; se votaron en automático.
A los que pensábamos que nuestra democracia avanzaba por la consolidación de la división de poderes, se nos cayó el castillo de naipes.
Antes de irse a Washington el presidente López Obrador recibió en un patio de Palacio Nacional a más de 200 legisladores de su bloque mayoritario para homenajearlos por haber aprobado su presupuesto de egresos “sin cambiarle una coma”. Buen golpe a la división de poderes.
Me equivoco, sí hubo cambios; redujeron el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al INE. Quizá eso también estaba calculado.