La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tal y como fue aprobada en comisiones del Senado, representa un preocupante retroceso para la democracia mexicana. Sin debate amplio ni participación social, busca centralizar en el Ejecutivo el control del espectro radioeléctrico e internet, debilitando la libertad de expresión, la autonomía regulatoria y el derecho a la privacidad.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta nueva legislación reside en los mecanismos discrecionales previstos en sus artículos 7-9 y 35-36, mediante los cuales se asignarán concesiones de radio y televisión. Lejos de establecer reglas claras y procedimientos transparentes, la ley otorga amplias facultades que permiten al Ejecutivo premiar o castigar políticamente a los medios de comunicación, reeditando prácticas clientelares propias de regímenes autoritarios. La eliminación del IFT como órgano autónomo de regulación es particularmente significativa: evidencia la voluntad de subordinar la administración de bienes públicos estratégicos a intereses gubernamentales inmediatos.
Más preocupante aún es la facultad para bloquear plataformas digitales, bajo el pretexto de incumplimientos normativos vagamente definidos. Este tipo de medidas no solo son inconstitucionales a la luz del ordenamiento jurídico mexicano, sino que violan también los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. La ambigüedad normativa abre una peligrosa puerta a la censura, afectando no sólo a la ciudadanía en su conjunto, sino también a sectores vulnerables que dependen de las plataformas digitales para su sustento económico y su derecho a informar y ser informados.
Además, el mandato de conservar y entregar datos de comunicaciones sin control judicial, retomando vicios de legislaciones anteriores declaradas inconstitucionales, constituye un atentado flagrante contra el derecho a la privacidad. En un contexto donde la supervisión independiente de la actuación gubernamental es cada vez más débil, este tipo de disposiciones incrementa el riesgo de abusos de poder y espionaje político.
En suma, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es expresión de un proceso de regresión autoritaria que amenaza con revertir los avances democráticos logrados en décadas recientes. Legislar de espaldas a la sociedad, en procesos opacos y sin diálogo amplio, no sólo deteriora la calidad democrática, sino que erosiona derechos fundamentales indispensables para el funcionamiento de una sociedad libre y plural.
La defensa del espacio digital como esfera de libertad y de las telecomunicaciones como bienes públicos estratégicos exige una respuesta firme y coordinada de la ciudadanía, los medios de comunicación, los sectores empresariales y los organismos internacionales. No está en juego sólo una ley; está en riesgo, de nueva cuenta, el futuro democrático de México.
X: @maeggleton
