Ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica: hay “mucha propaganda y muchísima mentira”, dijo, y descartó cualquier riesgo de intervención estadounidense. La información, aclaró, debe distinguirse de la propaganda.
La distinción importa, pero no de la manera que la presidenta la plantea.
Pierre Rosanvallon describe una patología específica del populismo: usar el lenguaje de la desconfianza para desactivar el control ciudadano. Llama contrademocracia al conjunto de mecanismos con que los ciudadanos vigilan, obstaculizan y juzgan a quienes gobiernan fuera del ciclo electoral.
El líder populista no niega que exista corrupción, eso sería inverosími. Lo que hace es decidir quién tiene autoridad para señalarla. Las acusaciones del adversario son propaganda; las del propio gobierno son información. El pueblo-vigilante de Rosanvallon, el ciudadano que monitorea, cuestiona y exige rendición de cuentas, queda sin piso cuando el poder ocupa ese lugar antes que él.
El caso Rocha Moya lo ilustra con precisión incómoda. El propio gobernador describió la acusación como un ataque contra la 4T. El gobierno federal pidió pruebas a Wa-
shington antes de actuar.
La FGR declaró que no hay elementos suficientes para proceder. Cada uno de estos movimientos puede tener justificación legal individual, el problema es su efecto acumulado: producen una arquitectura de protección que hace muy difícil que el escrutinio ciudadano aterrice en algún lugar concreto.
El problema de fondo no es si las acusaciones estadounidenses son verdaderas o falsas. Es que los mecanismos que deberían permitirle a la ciudadanía hacer esa evaluación de manera independiente, una fiscalía autónoma, un poder judicial sin lealtades partidistas, una prensa con acceso real, operan en condiciones muy deterioradas.
Lo que Rosanvallon llama la patología populista de la contrademocracia no consiste en negar el control ciudadano; consiste en monopolizarlo. El líder que dice encarnar directamente la voluntad del pueblo no necesita que nadie lo vigile, porque él ya es el pueblo.
Cuando Sheinbaum califica de propaganda las preguntas sobre Rocha Moya y de información sus propias respuestas, no está ejerciendo transparencia, está administrando el escrutinio. La diferencia es sustantiva: en un caso el ciudadano evalúa; en el otro, recibe la evaluación ya hecha.
La indignación legítima ante la presión de Washington, real, con sus propios intereses, no puede ser el argumento para suspender la pregunta doméstica. México tiene derecho a exigir pruebas a Estados Unidos y obligación simultánea de investigar con independencia real. Las dos cosas no se cancelan.
Cuando el gobierno convierte la defensa de la soberanía en escudo frente al escrutinio interno, la contrademocracia no desaparece: se vuelve imposible.
X: @maeggleton