A pocas semanas del proceso electoral en el que se elegirán autoridades en los 212 municipios de Veracruz, el asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, vuelve a encender las alarmas sobre un fenómeno que, lejos de ser nuevo, se ha vuelto estructural.
En los últimos años, la violencia contra actores políticos ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante del panorama democrático. En el proceso 2023-2024, el monitoreo Votar entre Balas, elaborado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, documentó 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes, incluidos 34 asesinatos. Estas cifras reflejan la gravedad que ha adquirido la violencia política en el país.
Esta violencia se concentra principalmente en el ámbito municipal, donde las estructuras estatales son más frágiles y la competencia por recursos más intensa.
La teoría señala que, en contextos de “democracias violentas”, el ejercicio del poder local se convierte en una fuente de riesgo vital para quienes lo disputan. En México, esta situación se agrava por la presencia de grupos del crimen organizado que buscan controlar territorios y capturar instituciones.
La violencia política erosiona la legitimidad del sistema democrático en varios frentes. La democracia no es sólo un mecanismo para elegir gobiernos, sino un conjunto de reglas que garantizan la competencia pacífica. Cuando actores políticos enfrentan amenazas letales por participar en elecciones, se rompe la premisa básica de igualdad y libertad en la contienda. Además, como advierte Andreas Schedler (2002), las “zonas grises” de la democracia —donde se celebran elecciones bajo condiciones irregulares— permiten que la competencia sea distorsionada.
En este contexto, la selección de candidaturas se vuelve una estrategia de supervivencia: los partidos optan por postular a personas “blindadas” por redes clientelares o vínculos con grupos armados, en lugar de perfiles ciudadanos o técnicos.
Uno de los aspectos más preocupantes es la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado para garantizar seguridad a los contendientes. La centralización de la Guardia Nacional, combinada con la fragmentación institucional de los gobiernos estatales, ha generado vacíos de autoridad que los grupos criminales aprovechan. Así, la debilidad institucional y la impunidad son factores clave para explicar la violencia política en México. Aunado a ello, la respuesta institucional ha sido limitada. Aunque el INE y los gobiernos estatales han establecido protocolos de protección, estos resultan insuficientes ante amenazas sistemáticas y ataques directos.
La violencia política no es sólo un problema de seguridad, constituye una amenaza directa al corazón del sistema democrático. Mientras no se garantice el derecho a competir y gobernar sin miedo, la democracia mexicana seguirá siendo rehén del poder de las armas.
X: @maeggleton