Hay una forma de perder el país con buenas cifras: elegir una métrica que permita declarar avances mientras la vida cotidiana se deteriora. En seguridad, ese indicador es el homicidio. Importa, claro. Pero cuando se vuelve el centro exclusivo de la estrategia, el gobierno aprende a ganar el marcador, no el territorio.
El homicidio mide una parte de la violencia, no su totalidad. La violencia no desaparece, se desplaza y se administra. Pueden bajar las balaceras y subir las desapariciones y el cobro de piso. Puede caer el número de asesinatos y crecer la extorsión, el desplazamiento, la captura de policías locales. Si no se mide, no existe en la narrativa. Y si no existe en la narrativa, no es prioridad.
Esta lógica produce el Estado intermitente; el que aparece para el operativo y desaparece para la rutina, el que llega con despliegue y se va sin permanecer. Con una métrica estrecha basta concentrar recursos donde el indicador se mueve más rápido y evitar el trabajo lento de construir policía local confiable, fiscalías que investiguen e inteligencia financiera que siga el dinero. Lo espectacular sube el rendimiento político; lo institucional sube el rendimiento democrático. No siempre coinciden.
El costo de medir la seguridad con indicadores incompletos es administrar una paz frágil. En muchos territorios, el crimen no necesita disparar diario para mandar, le basta con cobrar, arbitrar, decidir quién abre, quién vende, quién denuncia. Esa soberanía paralela no aparece en la tasa de homicidios, pero sí en la vida cotidiana: comercios que cierran, jóvenes reclutados, comunidades que callan. Es un orden basado en miedo y renta, más silencioso y, por lo mismo, más difícil de desmontar.
Si el gobierno presume reducción de homicidios, la pregunta no es si la cifra baja, es qué cambió en el territorio. ¿Puede un ciudadano denunciar sin que lo maten? ¿Puede un negocio operar sin pagar dos impuestos, uno al SAT y otro al grupo armado? Si esas respuestas no mejoran, el Estado no está ganando control, está ganando narrativa.
Las métricas son decisiones de poder. Elegir qué medir define qué se tolera. Si el tablero oficial no incluye extorsión, desapariciones, control territorial y judicialización efectiva, el Estado puede mejorar en papel mientras pierde en calle. Cuando la gente vive esa distancia, la confianza se rompe, no porque el gobierno mienta, sino porque mide otra realidad. Gobernar para una realidad distinta a la que vive la gente no es error de comunicación; es error de política.
Reducir homicidios es deseable, pero no suficiente si el país sigue pagando derecho de piso para vivir. Mientras el Estado solo exista cuando hay operativos, el crimen puede ser permanente. Se puede gobernar para la gráfica o gobernar para la República. Son dos proyectos distintos, aunque a veces compartan cifras.
