Desde su creación en 1986 la constante en torno al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido la polémica. Más allá de su nula vocación “verde” y de sus cuestionables mecanismos de supervivencia destaca su cínica y reiterada violación a la ley.
Si bien sus estrategias han sido tan diversas como creativas, fue durante el proceso electoral de 2009 cuando inició una intensa campaña para posicionarse ilegalmente en medios. En 2009 se aplicó por primera vez la reforma en materia de radio y TV que prohibió la compra-venta de tiempo en medios para garantizar la equidad en la competencia electoral. Esto implicaba que los partidos tendrían acceso gratuito a una franja del tiempo del Estado en radio y TV fuera de los procesos electorales y a casi la totalidad de ese tiempo durante el periodo electoral ya que, además, se prohibió a los gobiernos usar el tiempo oficial en la promoción de sus logros durante los procesos electorales como una medida para preservar la equidad en la competencia.
La aplicación de la reforma obligó a diseñar un sistema de administración y monitoreo de los tiempos del Estado en todas las estaciones de radio y los canales de televisión del país que permitió contar con evidencia grabada por el entonces IFE de las transmisiones de todo tipo de programas. Fue así como se logró documentar que, en el marco del proceso electoral 2008-2009, el PVEM fue sistemáticamente mencionado favorablemente en diversos programas de televisión —fundamentalmente, telenovelas transmitidas por Televisa.
La queja presentada ante la autoridad electoral se procesó por dos vías: como queja de fiscalización para conocer si el PVEM había utilizado financiamiento público para la compra de esas menciones y; como queja violatoria de la prohibición constitucional a la compra-venta de tiempo en radio y televisión para efectos electorales. Ambas quejas probaron la responsabilidad del PVEM y se le impuso una sanción equivalente al doble del monto que el partido “invirtió” —literalmente— en la compra de tiempo en radio y TV.
La reforma electoral 2007-2008 derogó el secreto bancario, fiscal y fiduciario en las tareas de fiscalización del IFE, por lo que fue posible constatar que una parte del financiamiento público otorgado en 2009 al PVEM se pagó a las empresas productoras de los espacios de entretenimiento de Televisa. El caso mas patéticamente notorio fue el episodio final de una telenovela con alto nivel de audiencia donde el protagonista ayudaba a la protagonista a salir de la cárcel y, para expresar su poder, se quitaba la camisa mostrando una playera que decía SOY VERDE con el logo del PVEM.
Evidentemente el episodio de los llamados influencers que se suscitó el pasado 6 de junio no sorprende; el tema de fondo es lo rentable que sigue siendo —económica y electoralmente— para el PVEM violar la ley. Los influencers, como cualquier otra persona, tienen garantizada su libertad de expresión; el prejuicio es asumir como ejercicio de libertad de expresión un trabajo costeado con recursos públicos, que viola la ley electoral y cuya sanción será pagada, también, con recursos públicos.
Para un partido que opera como el PVEM el 5.63 % de los votos en la Cámara de Diputados bien vale una multa de 40.9 millones de pesos y el retiro por un año del tiempo en medios. La multa la pagamos los contribuyentes y la forma de seguir promoviéndose ilegalmente la encontrará sin problema.
Twitter: @maeggleton