México tiene más de 133 mil personas desaparecidas o no localizadas. No es una proyección ni una estimación, es el dato registrado en el padrón oficial. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU lo citó, lo documentó durante más de una década de seguimiento, y la semana pasada solicitó al secretario general António Guterres que lleve el caso mexicano a la Asamblea General con carácter urgente. La respuesta del gobierno federal fue rechazar el informe.
El argumento oficial tiene dos patas: que el documento se apoya en datos del periodo 2009-2016 sin incorporar los avances desde 2018, y que las desapariciones son obra del crimen organizado, no del Estado. Ninguna de las dos cancela la pregunta que importa ¿dónde están las 133,520 personas?
El Comité aclaró que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas, pero subrayó que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad sean orquestados desde las más altas esferas del gobierno. Lo que importa es la magnitud y el patrón de los ataques, y que se dirijan contra la población civil. En términos más simples, que el Estado no ordene los crímenes no lo exime de la obligación de investigarlos, identificar a las víctimas y sancionarlos.
Entre enero de 2023 y abril de 2025 se contabilizaron casi 29 mil nuevas desapariciones, más de 4 mil 500 fosas clandestinas, y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar en instituciones forenses, frente a 52 mil en 2021. El rezago forense no deja de crecer. Ahí está la medida real del fracaso institucional.
Hay un patrón político claro, cuando los organismos internacionales señalan, los gobiernos descalifican la fuente. No es una práctica exclusiva de México ni de ningún color partidista. Pero el argumento de que el informe es “tendencioso y falto de rigor” requiere una evidencia de refutación, no solo una declaración. El presidente del Comité lo dijo con precisión: “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”.
¿Por qué debería preocuparle esto a quien no tiene un familiar desaparecido? Porque la crisis de desapariciones es el síntoma más brutal de un Estado que no controla su territorio, no identifica a sus muertos y no procesa a sus perpetradores. Eso no afecta solo a las familias que buscan, afecta la capacidad de inversión, la seguridad cotidiana...
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