Martha, Margarita, Eréndira, Luna, María Isabel y Lidia están presas. No por matar, violar o desaparecer personas. Están presas porque el sistema penal mexicano confunde la pobreza con la peligrosidad, la ignorancia con la malicia, y ser mujer con ser culpable. Están ahí por delitos menores relacionados con drogas. Pero lo menor, en sus vidas, ha significado lo máximo: perder la libertad.

En México, más de 2 mil mujeres están privadas de la libertad por delitos vinculados a drogas. La mayoría no portaba armas, no lideraba cárteles, no tenía antecedentes penales. Algunas ni siquiera sabían lo que cargaban o firmaron declaraciones arrancadas bajo tortura. Son víctimas de una estructura penal que las trata como desechables y de una sociedad que ha normalizado su olvido.

Eréndira quiere ser maestra de kínder, pero fue detenida sin explicación ni acceso a un abogado. Margarita limpiaba su azotea cuando una mochila ajena cayó desde otra vivienda; fue suficiente para acusarla. Luna firmó una confesión con las costillas rotas; hoy busca a alguien que la defienda con humanidad. María Isabel, indígena maya, fue acusada de liderar un cártel por tener droga sembrada en su coche; soñaba con ser ingeniera. Lidia, madre soltera, fue arrastrada por una redada y obligada a declararse culpable para evitar represalias. A todas las une una palabra que no aparece en sus expedientes: injusticia.

Ninguna de ellas ha sido juzgada por el daño que causó, sino por la vida que les tocó vivir. Su castigo no es proporcional al delito, sino a su clase, su género, su origen. La ley, que debería medir con balanza, pesa con prejuicio.

Frente a esta realidad, las organizaciones CEA Justicia Social y Elementa DDHH han tejido una salida. En conjunto con instituciones gubernamentales, diseñaron un mecanismo interinstitucional para liberar a mujeres acusadas por delitos menores relacionados con drogas. La estrategia ya ha logrado liberar a ocho de ellas. Pero aún faltan seis: Martha, Margarita, Eréndira, Luna, María Isabel y Lidia siguen esperando.

La campaña #Libéralas busca recaudar 250 mil pesos para pagar las multas que les impuso un Estado que ni siquiera les garantizó defensa. Porque en México, la libertad se puede comprar… si tienes con qué.

¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que la cárcel es sinónimo de justicia? ¿Qué democracia se puede sostener sobre prisiones llenas de mujeres pobres, indígenas, madres, jóvenes que solo fueron útiles como chivos expiatorios? ¿Cuántas más deben esperar años por una sentencia, una apelación, una oportunidad?

El mecanismo —que empezó a operar el 8 de marzo— no es una ocurrencia ni una excepción. Es una muestra de lo que debería ser política pública con enfoque de género y derechos humanos. Es una ruta viable, humana y replicable. No será suficiente sin el respaldo de una ciudadanía consciente, sin la presión social que exija un sistema que no castigue la miseria con encierro.