Esta semana fueron liberados dos altos funcionarios detenidos durante el gobierno anterior. Noé Ramírez Mandujano, quien fue jefe de la SIEDO, y el general Ángeles Dauahare. Ambos habían sido procesados por supuesta relación con el crimen organizado, específicamente narcotráfico, con base en declaraciones de testigos protegidos. Según se nos dice ahora, esas declaraciones no tenían ninguna comprobación con otras pruebas, ni tenían sustento, de forma que el encarcelamiento de ambos, y el de otros funcionarios de la PGR y otros militares de alto rango, fue injusto.
De inmediato han opinado diversos colegas acerca del uso político de la justicia, criticando con toda dureza al gobierno anterior y específicamente a Felipe Calderón. Pero eso supone considerar que la información que hoy se nos presenta es cierta y la anterior fue falsa. El problema es que la validez de la información actual es exactamente la misma que la que tenía la información anterior: puro y simple argumento de autoridad. Si usted elige creerle a Peña y Murillo, pues lo ocurrido a los funcionarios mencionados fue totalmente injusto y criticable. Si usted elige creer a Calderón y a sus procuradores, lo injusto y criticable es liberar a los mismos funcionarios. Es decir, nuestra opinión no tiene mayor defensa que el político al que decidamos creer.
En esta semana también ocurrió que apareció un video de funcionarios de Sedesol y del gobierno de Veracruz afirmando que los programas sociales servirían para ganar la elección intermedia. Ayer despidieron a algunas personas de Sedesol. El gobernador de Veracruz, el mismo que envió un maletín con 25 millones de pesos en efectivo poco antes del inicio formal de la elección presidencial, ha insistido en que no hay uso electoral de la política social. Hay un video, así como hubo un proceso por el maletín mencionado. Pero también ha habido muertes de periodistas en Veracruz y persecución de otros, mientras que el gobernador gana premios por apoyar a la prensa. En esto ya no se trata de decidir entre dos opiniones, sino entre dos fuentes de información: el gobierno de un lado, y todo lo demás del otro.
Finalmente, el tema que ya comentamos pero que sigue vigente: los grupos que en Guerrero buscan mantener su captura del Estado ejerciendo violencia. No sólo han bloqueado en diversas ocasiones la autopista, y causado problemas en Chilpancingo, sino que ya han atacado directamente a los políticos que no quieren hacer lo que se les ordena. Si no se legisla a su gusto, golpean y destruyen, y amenazan, no muy veladamente, de muerte a la policía.
Menciono estos tres temas porque ocurrieron en la semana, que fue más movida que otras, pero en cualquier otro momento puede usted encontrar otros ejemplos de lo mismo: la incapacidad de procurar e impartir justicia porque no hay a quién creerle, la sospecha de clientelismo, corrupción y alteración de la voluntad desde el gobierno, la incapacidad en el ejercicio de la violencia legítima desde el Estado, que deja el espacio a la barbarie. Todo es lo mismo, en realidad, se trata de un sistema político en el que el Estado no tiene fuerza, no respeta la ley, y no es responsable frente a los ciudadanos. Y puede usted atribuir esto al partido que quiera.
El problema va más allá de los partidos y las personas, el problema es de fondo. Un Estado democrático moderno requiere ser un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a la ciudadanía. Guerrero muestra que no hay ese Estado fuerte, el asunto de Ramírez Mandujano y Dauahare muestra que no hay ley, y Veracruz nos muestra que no hay responsabilidad frente a la ciudadanía, al revés, se trata de alterar la voluntad de la misma. Y eso en esta semana, nada más.
Por eso mi insistencia en que nuestro problema va más allá de reformas estructurales o pactos por México. Va más allá incluso que los partidos y sus reglas electorales. Sin ley, los más fuertes abusarán de los más débiles; sin un Estado fuerte sólo hay barbarie; sin responder a la ciudadanía, hay autoritarismo. El régimen de la Revolución tenía un Estado fuerte, que no respetaba la ley ni respondía a los ciudadanos. Parece que ahora no tenemos nada. Tal vez ése sería un buen pacto por México. Darle fuerza al Estado y a la ley, para que nos respondan a los ciudadanos.
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
