En los últimos meses de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional en materia de comunicación social que algunos pensábamos que nunca se daría: quedaba prohibido que cualquier tipo de propaganda de los entes públicos incluyera “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. ¿Cómo, entonces, tenemos que sufrir en Querétaro, como en tantas otras ciudades, una cantidad considerable de anuncios gigantes —conocidos como “espectaculares”— que no son nada económicos, en importantes vialidades, con fotografías enormes del rostro de funcionarias y funcionarios públicos —con el perfil que sus publicistas (que también cobran) consideran ser el más atractivo, con sus nombres o sobrenombres (considerados asimismo por sus publicistas como los más “pegajosos”; si, además, el objetivo de esa reforma al Artículo 134 era evitar el dispendio de recursos públicos para no “influir en la equidad de la competencia entre los partidos”? Y se podría agregar “intra los partidos”.

Resulta que poco después de esta disposición, se promulgó la Ley General de Comunicación Social que, en su Artículo 14, dice algo así como que hay comunicación social que no es comunicación social y, entonces, se puede no hacer caso al 134 constitucional: “El informe anual de labores o gestión de los Servidores Públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que (sic) se difundan en canales de televisión y estaciones de radio (negritas nuestras), no serán considerados como Comunicación Social …”. Se entendería que solo se permite anunciarse en estos dos medios masivos; y, además, los anuncios deberían limitarse a los 7 días anteriores y 5 posteriores a la rendición de dicho informe y solo una vez por año. Ahora, si el pretendiente a candidato no da informes anuales o quiere publicitarse en cualquier otro momento, puede comprar un reportaje sobre su persona, en una revista que nadie conoce y que solo se emite con esa precisa finalidad y entonces decir que no es publicidad de su persona, sino de la inopinada publicación.

El gasto es grande. Puede tener origen privado: provenir del peculio del promovido. Ello no contribuiría a la equidad de las contiendas, pues se promoverían más los más pudientes o solo ellos; o pudiera venir de algún particular que tenga interés en el personaje anunciado. En ese caso, es legítimo pensar que alguien que invierte en una campaña tiene la expectativa de ser retribuido si triunfa su financiado; o los recursos pueden ser de procedencia ilícita y la finalidad sería aún más preocupante.

Y cuando estos financiamientos provienen del gasto público son, en primer lugar, ilegales. Pero, además, significan una distracción de los objetivos de este, que son los tendientes a procurar el bienestar social. En el supuesto, meramente hipotético, de que la publicidad fuera totalmente efectiva, nos enfrentaríamos a la paradoja de que mientras más se menoscaba el gasto dirigido al interés público, más populares se vuelven quienes lo malgastan.

Como regla general, los políticos siempre están en campaña. El interés por permanecer en el puesto, escalar a otro o, al menos, ayudar a que ascienda el candidato favorito, es connatural y, al parecer, casi inevitable. A lo largo de la historia, los casos en los que se ha observado una abdicación voluntaria son verdaderamente excepcionales. Por ello, serían útil eliminar el calendario electoral en la idea de que los políticos, de alguna manera, siempre están en campaña. Entonces, el órgano electoral pudiera abrir una cuenta a cada persona de la que quepa la presunción de que va a ser candidato. Cuando, en su caso, ello se realice, se investigaría el origen de los recursos y el costo comercial estimado se le computaría como gasto de campaña. Habría más equidad y, desde luego, menos gasto anticipado.

Afortunadamente, la publicidad no alcanza siempre sus fines. Para quienes pensamos que esa publicidad no debería existir y nos preguntamos por el origen de ese gasto, una estrategia electoral ppudiera ser votar, precisamente, por los que no se anuncien. Al menos se atienen al espíritu de la Constitución.

Académico de la UAQ en retiro