De entre todos los de la OCDE, México es el país cuya recaudación fiscal es la menor como proporción de su PIB: 17.7% en 2023, prácticamente la mitad del promedio de los que integran esa organización (33.9%, para el mismo año). A la cabeza de los estados recaudadores se encuentran Francia y Noruega con alrededor de 44% y nuestro país se encuentra por debajo de otros latinoamericanos como Chile y Colombia.
Hay que notar también que el fisco mexicano muestra una alta dependencia del Impuesto sobre la Renta y del IVA. Ello resulta desfavorable para las personas de menores ingresos, pues siempre pagan una mayor proporción de ellos que los de muy altos y, por otra parte, las familias de escasos recursos gastan una mayor proporción de su ingreso en consumos que causan IVA comparados con los de niveles altos.
De entre las causas que señalan los expertos a esta situación está el enorme tamaño de la economía informal, la histórica dependencia de los ingresos petroleros que provocó una situación cómoda para el Estado, un diseño complejo de obligaciones y exenciones, lo cual ha permitido altos niveles de evasión y elusión y la falta de confianza social en la transparencia del ejercicio del gasto público.
En los últimos años, el SAT ha logrado una cierta recuperación por el cobro de adeudos que no habían sido cubiertos por grandes causantes. Seguramente, la Secretaría de Hacienda seguirá por ese camino que, también seguramente, habrá de llegar pronto a su límite. Por lo que hace a las contribuciones que por tantos años salieron de Pemex, el sentido se ha invertido y ahora la empresa es una gran consumidora de recursos públicos.
La desconfianza en el uso que hace el gobierno de los impuestos, la corrupción de los agentes del gobierno, además de los deficientes servicios que proporcionan las dependencias del Estado, desestimulan el pago de impuestos; ello provoca insuficiencia de ingresos fiscales lo que a su vez es una causa de la deficiencia en los servicios. Un círculo vicioso perfecto.
La restricción de ingresos pone en riesgo la sostenibilidad fiscal, especialmente en un contexto de presiones crecientes de gasto: el envejecimiento de la población por el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la natalidad, así como la demanda de programas sociales con la pretensión de paliar las desigualdades y, finalmente, el infaltable servicio de la deuda pública.
Otra consecuencia de la baja fiscalidad es el rezago en la inversión pública en infraestructura física y la consecuente falta de competitividad económica y desarrollo.
Por lo que toca a la salud, la falta de inversión pública obliga a los mexicanos a asumir una mayor carga económica.
En el sector educativo, la falta de inversión pública genera mayor desigualdad en todos los niveles. El Marco de Acción Educación 2030 resultante de la reunión de Incheon auspiciada por la UNESCO en 2015, establece como punto de referencia que los países destinen al menos entre el 4% y el 6% de su PIB a la educación. Si toda la recaudación alcanza solo un 17% del PIB, mal puede pensarse en alcanzar la vieja aspiración constitucional del 8% de este destinado a aquella.
Eludir la discusión sobre una reforma hacendaria que haga más equitativas las cargas fiscales, que estimule la solidaridad de los ingresos personales más altos, que oriente el gasto público y que atienda a las causas de la desconfianza —lo que pasa por una verdadera persecución de los corruptos, sin excepciones— no solo mantiene las desigualdades, sino que pronto llevará a su límite la capacidad de acción del Estado. La reforma hacendaria es progresista. Es la injusticia social lo que conserva este conservadurismo.
Académico de la UAQ en retiro