La sociedad mexicana es una de las que muestra mayores niveles de desigualdad en el mundo. Los datos que arroja la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que levanta el Inegi, no requieren mayor interpretación. Los hogares del primer decil tuvieron un ingreso promedio de 13,411 pesos. Para los del decil X el ingreso trimestral promedio fue de 200,696 pesos. La cifra del decil más alto es 15 veces superior a la de los hogares de menor ingreso. Cada perceptor de este último grupo recibió 66 pesos diarios, en promedio; 992 pesos diarios los preceptores de los hogares con mayores ingresos. Se trata de promedios. Imagínese si comparamos los extremos de cada grupo.
Pero la cuestión no para ahí. Existe una tendencia generalizada, no privativa de México, en otorgar diferente trato a los que uno percibe como diferentes. Si la pobreza se manifiesta en el aspecto exterior —vestimenta, por ejemplo— los que no son pobres se comportan como si fueran superiores no solo en ingresos, sino en todo. Muchas personas tienden a brindar mejor trato a quien aparenta riqueza; y todavía peor, a tratar sin respeto a los que ven como inferiores, incluso si se ocupan de servirles. Hay que ver a algunas personas que circulan en su automóvil reaccionar cuando alguien intenta limpiar su parabrisas. Negarse es su derecho y hacerlo de manera respetuosa su obligación cívica; pero algunos pareciera que deben defenderse de un atentado.
Según otra encuesta, coordinada por el Inegi y la Secretaría de Gobernación, la Nacional de Cultura Cívica 2020, hasta 73.3% de la población mayor de 15 años percibe que la clase social es el principal motivo de discriminación en México, causa seguida muy de cerca por la orientación sexual y la forma de vestir o arreglo personal, así como el tono de la piel. 82% de la población de 18 y 19 años, por su parte, percibe que es el peso y la estatura el primer motivo de discriminación.
Hay otras diferencias que causan tratos discriminatorios. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, otro trabajo del Inegi, revela que 28% de personas con orientación sexual e identidad de género (OSIG) LGBTI+ reportó haber sufrido un trato desigual en el trabajo contra 18.4% de personas con OSIG normativa; y 26% LGBTI+ ha pensado en suicidarse contra 8% con OSIG normativa. Apenas un poco más de la mitad (55%) de este último grupo se manifiesta de acuerdo con que las parejas del mismo sexo muestren su afecto mutuo en público contra el 81.4 del grupo LGBTI+. Las cifras son parecidas respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo y solo 75% estaría dispuesto a rentar un cuarto a una persona si esta es gay o lesbiana; hasta 20% se confiesa no dispuesto a rentar a alguien si es de un partido político diferente al de su preferencia. Ello no parece ser una conducta muy civilizada.
Igualmente impresionante resulta que solo 86.8% de la población acepte que “los hombres y las mujeres deben tener las mismas oportunidades de participar en todas las áreas de gobierno”. Es de suponerse que este sentir se haya modificado al contar, en México con una presidenta.
Los estudios de la opinión pública referidos contienen muchas otras cuestiones acerca de otras minorías: ancianos, afrodescendientes o personas con alguna discapacidad. Poco alentadoras. Acaso, en algunos tópicos, se muestran diferencias según la edad: los jóvenes tienden a ser más tolerantes, en general.
Hay que tener en mente que estas son respuestas que brindan los encuestados frente al encuestador o encuestadora. Hay una tendencia a responder de manera “políticamente correcta”, es decir, según la persona considera que puede ser de mayor agrado para su entrevistador o de mayor aceptación social (lo cual varía según el medio). Quizá la realidad sea un poco peor.
Académico en retiro de la UAQ
