Hace apenas unos días, durante la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de la República, Luis Videgaray Caso, dijo que entre 2009 y 2012 la devolución por IVA a contribuyentes creció 52 %, al pasar de 180 mil a 275 mil millones de pesos —cifra que contrasta con la recaudación que el gobierno obtuvo por ese gravamen en el mismo periodo— pues apenas alcanzó un incremento del 27 %, situación que se comprometió a investigar a través del SAT.
Ojalá se investigue la causa del deterioro en la recaudación del IVA y se le informe la verdad a los mexicanos; aunque el problema de fondo consiste en que desde hace más de tres décadas, el gobierno federal, con el argumento de alentar la inversión de los grandes empresarios y la creación de empleos, acordó medidas fiscales especiales que consisten en devolverles sus impuestos a los grandes contribuyentes, que facturan más de 500 millones de pesos anuales, a través de un mecanismo llamado Régimen de Consolidación Fiscal.
De acuerdo con reportes entregados por las autoridades del SAT a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en tan solo 11 años se triplicó la cantidad de devoluciones hechas por la Secretaría de Hacienda, al pasar de 75 mil millones de pesos hechas en el año 2000 a 219 mil millones en el 2011, y el total de devoluciones hechas a un reducido grupo de grandes contribuyentes como Cemex, Telcel, Telmex, Grupo México, Bimbo, Inbursa, Peñoles y Palacio de Hierro, entre otros, alcanzó la enorme cantidad de más de un billón 641 mil 400 millones de pesos.
Con esta cantidad, nuestros diputados y senadores se evitarían las tremendas discusiones sobre la conveniencia de gravar los alimentos y medicinas, se podrían resolver las grandes carencias en educación, salud y obras de infraestructura básica.
Mientras que por otro lado, de acuerdo con datos proporcionados al Senado de la República por Arturo González de Aragón, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación durante el gobierno de Vicente Fox, en 2005, 50 grandes consorcios pagaron un promedio de 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 67 pesos de IVA, es decir, que solo necesitaron 141 pesos para pagar el total de sus impuestos.
Los recursos públicos provienen de los ingresos que se obtienen por la explotación de los recursos naturales como el petróleo, del IVA que la sociedad paga al gobierno, de la prestación de bienes y servicios de las dependencias, organismos públicos y empresas paraestatales, y de las cuotas de seguridad social de los trabajadores, es decir, de los mexicanos pobres, de los que menos tienen, pero, ¿quién y a través de qué mecanismo les regresan sus impuestos?
Se supone que una de las formas consiste en que el gobierno mejore su calidad de vida con programas de salud, educación y obras de servicios públicos, pero en todo el país, como en Querétaro, nos encontramos con un gran rezago en este sentido, y lo peor, con muy poca voluntad de cambiar esta grave situación.
Así se explica, por ejemplo, que a escasos kilómetros del capital del estado, y de la cabecera municipal de Tequisquiapan, existan decenas de familias que llevan 25 años demandando ampliación de luz sin que hasta la fecha se hayan molestado en atenderlos, más que para enviarles camiones para que asistan a aplaudir a uno u otro candidato a la presidencia municipal o al gobierno estatal, y que haya grandes centros de población en todos los municipios del estado sin servicio de drenaje, etcétera.
No hay duda, el verdadero sostén de México, es el pueblo trabajador. Pasando a otra cosa, el administrador de la CEA en Corregidora, cree, como el león, que todos son de su condición, ¡veremos pues!
Dirigente Movimiento Antorcha Campesina en Querétaro