La Cámara de Diputados está por erogar aproximadamente 112 millones de pesos por concepto de aguinaldos y sueldos de fin de año a los legisladores. Además de su salario, cada diputado obtendrá 40 días de aguinaldo, esto es 20 días más que el promedio de los trabajadores del país, además de otro tipo de prestaciones como vales para comida y gasolinas así como recursos para el pago de asesores y secretarias.

Por doloroso que pueda resultar para los bolsillos de cada legislador, es necesario revisar este conjunto de ingresos que rebasan los promedios nacionales. Desde luego que no se trata de que nuestros diputados o nuestros senadores padezcan insuficiencias o desempeñen sus trabajos bajo condiciones indignas. Sin embargo, los montos que el Congreso eroga por estos conceptos parecen un exceso que necesita ser repensado a la luz de la sensibilidad social.

A los gastos por aguinaldos y prestaciones de fin de año hay que sumarle otra serie de egresos que el Congreso ha ido contemplando en los últimos tiempos, tales como el proyecto para crecer las actuales instalaciones de la Cámara de Diputados o los diversos apoyos existentes para asuntos varios como los posgrados a ser cursados por los diputados durante y después de sus gestiones. Esto, en conjunto, representa un exceso de gastos difícilmente justificable.

Un argumento que se ha empleado para justificar el gasto excesivo y los altos ingresos legislativos es que se hace así “porque está en la Ley Orgánica del Congreso”. Sin embargo, nada impide que ésta sea modificada para armonizarla con los nuevos tiempos en los que es preciso evitar el dispendio y los gastos superfluos, así como ser cada vez más transparentes en el manejo de recursos.

Ya que, ciertamente, además de revisar aguinaldos, prestaciones y otro tipo de egresos, hace falta también hacer de éste un Poder menos opaco. Ni partidos ni legisladores son sujetos obligados de la transparencia, lo que hace más indignante este tráfico de dinero que, siendo legal, no parece moral, en tiempos en los que la sociedad exige de sus legisladores resultados y alta productividad legislativa, no sólo gastos y excesos sin grandes resultados a la vista.

El inicio de la presente legislatura es ideal para revisar la estructura de costos del Congreso. No es sostenible el actual modelo en el largo plazo, es cuestión de sensibilidad social y política.