El pasado 26 de enero de 2026 se remitió por el Poder Judicial del estado de Querétaro a la LXI Legislatura, la iniciativa de Decreto de Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el estado de Querétaro, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del año 2023 y que deberá aplicarse en toda la República Mexicana el 01 de abril del año 2027, estableciendo en el noveno transitorio que los poderes juridiciales establecerán las etapas y calendarios para llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para la instrumentación del citado Código.
Para el estado de Querétaro, se determinó que se realizará de manera gradual, iniciando en el mes de junio de 2026 en San Juan del Río y a partir de diciembre del mismo año en los distritos judiciales de Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan, para culminar el 29 de marzo de 2027 en el Distrito de Querétaro. Se proyectó la habilitación de espacios y construcción de salas de audiencias, capacitación y demás requerimientos de carácter administrativo y normativo.
Esta gradualidad no es la primera vez que se adopta en nuestra entidad, ya que se implementó previamente por ejemplo en la reforma en materia mercantil, lo que permite dar difusión, implementar e incluso adaptar y corregir al mismo tiempo que se implementa en los Distritos Judiciales, que reconoce de inicio el que puede perfeccionarse y que no existe un solo modelo de implementación del Código.
En el Decreto se indica que “Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a la legislación procesal vigente al momento de su inicio.” Igual que ocurrió en las transiciones previas en materia penal, mercantil y laboral existirán procesos regulados por la legislación previa y por la nueva legislación.
Un proceso que tendrá características relevantes, como son el principio de Oralidad, la Justicia Digital, que constantemente tiene que responder ante retos, ataques e innovaciones, así como las Audiencias Virtuales.
Recordemos que se indica el uso de herramientas tecnológicas, la digitalización de documentos físicos, la celebración de Audiencias a distancia, el uso de firma electrónica avanzada e incluso el metaverso, para lo cual se requiere además de una imperiosa capacitación al personal del Poder Judicial, también a la comunidad académica y de litigantes, por lo que la participación de Colegios y Universidades será fundamental.
Es un momento de cambios relevantes, que debe considerar además no discriminar ni perpetuar prejuicios, sino maximizar las ventajas del nuevo sistema judicial para equilibrar las desigualdades e incluso el nombramiento de apoyos y salvaguardias garantizando su voluntad, preferencias y autonomía en la toma de decisiones, así como considerar en su implementación la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.