Las reformas que establecen nuevas reglas para la integración del Poder Judicial, son un parteaguas en el sistema democrático mexicano. Implican una redefinición de la estructura y el funcionamiento del sistema judicial y un nuevo paradigma de la división de poderes y relación entre los poderes en nuestro país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integrará por nueve ministros con y tendrán un sistema que permitirá la elección rotatoria de la presidencia de la SCJN. Se establece la elección directa de las personas ciudadanas mexicanas para la votación de jueces y magistrados, lo que modifica el sistema electoral y le da un nuevo significado al derecho político a votar y ser votado, ya que, hasta esta reforma, el poder judicial era el único que no participaba de los procesos electorales y daba prioridad a la carrera judicial.
Un sistema democrático ahora será el que defina el acceso al Poder Judicial, lo que pretende que quienes participen sean valorados en sus perfiles, bien por sus méritos, antecedentes, etc.. ¿Esta característica convierte al Poder Judicial en un sistema democrático? Definitivamente no, la participación que se tuvo en el primer ejercicio fue muy bajo, la participación de la lista nominal fue inferior a la de elecciones ordinarias.
La elección directa de jueces y magistrados por parte de la ciudadanía puede parecer, en principio, un avance democrático. Sin embargo, este mecanismo podría abrir la puerta a la politización del sistema judicial, ya que los procesos electorales suelen estar influidos por intereses partidistas y campañas mediáticas.
¿Es posible garantizar que las personas que reciben el apoyo de la ciudadanía o de sectores organizados sean imparciales? Y lo más relevante, ¿se garantiza que al llegar a ocupar su judicatura serán imparciales? ¿Cuál sería el criterio adecuado en un nuevo modelo de integración del poder judicial?. Los organismos electorales serán responsables de la organización de estos procesos, lo que implicará una carga adicional a los desafíos que enfrentan en los procesos político-electorales locales y federales, lo que implica un análisis de las características deseables en el proceso electoral intermedio 2026-2027.
La división de Poderes también busca que cada Poder pueda actuar de manera autónoma y soberana. Una modificación como la que se deriva de la reforma implica que cada juzgado ahora asuma su presencia ante la sociedad y las repercusiones que pueden derivarse de una sentencia incómoda o una postura radical, que siempre deberá ser objetiva, lo que implicará una modificación en la autopercepción de cada persona juzgadora ahora como actores políticos.
Es un cambio relevante, es necesario transformar al Poder Judicial, pero una elección como la que se desprende del Decreto implica una transformación más amplia, en materia político electoral e incluso respecto de la relación existente entre los Poderes tal como los percibimos actualmente. México, un país diverso, donde la Justicia es gratuita, el nombramiento de cada juzgador implica una transformación que va más allá del marco normativo, que implica grandes responsabilidades y desafíos.