La libertad de expresión es un derecho humano indispensable en un sistema democrático, conforme al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a expresar opiniones sin ser molestado implica investigar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio, sin más límite que proteger los derechos de terceros, atentar contra el orden democrático o contra el orden social.
En el marco normativo interno, se reconoce el derecho de todas las personas a la información, así como a buscarla y difundirla por cualquier canal, mediante un acceso libre, plural y oportuno.
Los canales que se utilizan implican el flujo digital de información y comunicación, directamente relacionado con el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), incluidos los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones e Internet.
El marco del derecho internacional de los derechos humanos es aplicable a las comunicaciones digitales, e incluso adquiere mayor relevancia. En la práctica, Internet se ha convertido en un medio fundamental para el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, gracias a su impacto internacional e inmediato.
El flujo de información a través de Internet solo puede restringirse de manera mínima, es decir en supuestos excepcionales, previstos en la ley y orientados a la protección de otros derechos humanos. La intervención mínima es fundamental para evitar que los Estados puedan utilizarla como un mecanismo de censura.
La restricción a la libertad de expresión, con base en el principio de última ratio, establece que debe utilizarse como el último recurso disponible. Solo cuando no existan medidas menos gravosas puede justificarse dicha limitación. Incluso su imposición debe ser proporcional, necesaria y estrictamente excepcional. Es indispensable considerar la relevancia del control del poder y la formación de una ciudadanía informada.
No es un privilegio, sino una condición indispensable para la democracia. Su defensa, exige cautela, proporcionalidad y la convicción de que cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser una medida extrema y justificada.