El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que establece el derecho de toda persona a ser escuchada por un Tribunal competente, independiente e imparcial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que reconoce el derecho de toda persona a un juicio justo y público y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual garantiza el derecho a un proceso justo y la igualdad ante los Tribunales.
Estos instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano a garantizar un sistema judicial que sea accesible, eficiente y respetuoso de los Derechos Humanos. La reforma judicial en particular la del CNPCF debe cumplir con estos estándares, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a un sistema judicial que proteja sus derechos fundamentales.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan la importancia de garantizar la independencia y la idoneidad de los jueces como elementos esenciales para proteger el Derecho Humano a la impartición de justicia. La reforma judicial debe incluir mecanismos transparentes para la selección y capacitación de los funcionarios judiciales, evitando prácticas que puedan comprometer la imparcialidad o la eficacia del sistema.
Uno de los principales problemas que ha surgido en el contexto de la reforma judicial es la falta de preparación y experiencia de algunos jueces designados. En varios casos, esto ha derivado en renuncias y destituciones, evidenciando la necesidad de fortalecer los procesos de selección y capacitación.
La implementación del CNPCF requiere una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación y recursos humanos. Sin embargo, la asignación de estos recursos ha sido objeto de críticas y preocupaciones, especialmente en las entidades federativas con menor capacidad económica.
Es fundamental que el gobierno federal y los gobiernos estatales trabajen de manera coordinada para garantizar que todos los estados cuenten con los recursos necesarios para implementar el CNPCF de manera efectiva. Esto incluye la modernización de los sistemas tecnológicos, la construcción de salas de audiencias y la contratación de personal capacitado.
El Derecho Humano a la impartición de justicia no puede ser objeto de dilaciones ni condicionamientos. Los ciudadanos tienen derecho a un sistema judicial que sea eficiente, accesible y respetuoso de sus derechos fundamentales. Esto implica que la reforma judicial debe priorizar la protección de los derechos humanos, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita.
La reforma judicial debe adoptar un enfoque multidisciplinario que integre aspectos jurídicos, sociales, económicos y tecnológicos. a entrada en vigencia del CNPCF debe responder a las necesidades de los ciudadanos y estar a la altura de los desafíos tecnológicos actuales. La transición hacia un sistema judicial más eficiente y accesible no solo es una necesidad, sino una obligación ineludible para garantizar el bienestar y la dignidad de las personas gobernadas.