En marzo de 1981 se perpetró la desaparición y el asesinato de Arnulfo Córdova Lustre, obrero y militante del Partido Comunista Mexicano, que vivió sus últimos años en Querétaro laborando y organizando a sus compañeros en la defensa de sus derechos, los que se violaban en las fábricas como Kimberly-Clark de San Juan del Río, donde él trabajaba. La empresa, en confabulación con el gobierno del entonces gobernador Rafael Camacho Guzmán, desaparecieron al líder obrero.
Aún hay quienes se atreven a considerar al prepotente ex gobernador como “el mejor que ha tenido Querétaro”, cuando en 2001, la CNDH aseveró la maquinación de Camacho Guzmán en el crimen contra Córdova Lustre.
Lamentablemente, las violaciones no se inauguraron con este homicidio. Años antes, en 1976, el líder estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Salvador Cervantes fue igualmente secuestrado y torturado por las “autoridades” acusado de portación de drogas (oficialmente) y de pertenecer a la guerrilla urbana (extraoficialmente), a manera de aplastar las actividades que realizaban muchos universitarios para señalar y contrarrestar los abusos y actividades “porriles” de la Federación Estudiantes Universitarios Querétaro (FEUQ) y de los propios mandos de la Universidad en contubernio con el gobierno de Antonio Calzada Urquiza.
Los arrestos y hostigamientos a los militantes del PMT y del PCM, así como a los del PSUM y el PMS, nunca cesaron. Ejemplo fue la brutal represión contra el movimiento de la Normal del Estado el 8 de mayo de 1980, en la que policías atacaron con gases lacrimógenos a jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años en su mayoría.
La trampa tendida contra el Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas en 1998, ya con el PAN recién llegado al poder, y sus principales líderes Sergio Jerónimo Sánchez y José Anselmo Robles, con la cual se frenó bruscamente al movimiento urbano-popular, el cual no ha vuelto a ser el mismo.
El homofóbico asesinato del luchador social por los derechos de la diversidad sexual, Octavio Acuña Rubio en 2005 y los posteriores ataques contra varios miembros de la Asociación Queretana de la Educación para las Sexualidades Humanas (AQUESEX), marcó el repliegue de las luchas sociales.
Pero la represión no sólo ha sido política, también ha sido contra los civiles que han tenido la mala suerte de encontrarse en el lugar y momento incorrectos, como le ocurrió a Eustacio Yáñez en el 2001 al chocar contra un convoy donde iba el gobernador Ignacio Loyola, para ser acusado de “terrorismo”, con su tortura correspondiente. O los tres años de arresto de las indígenas Jacinta Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara, del 2006 al 2009, acusadas de someter y secuestrar a seis agentes federales armados.
La represión contra varios de los líderes del Barzón, quienes luchaban por su patrimonio, como el maestro Rubén Díaz Orozco, quien permanece en la cárcel desde 1998. El caso de la camioneta BMW y sus tripulantes quienes con total impunidad asesinaron al joven de 18 años, Marco Antonio Hernández Galván, en el 2004.
El arresto de la señora María Concepción Moreno Arteaga acusada por la AFI de tráfico de personas, cuando sólo daba de comer a los migrantes centroamericanos y les permitía el descanso en su casa de cartón en Pedro Escobedo en el 2005. Las amenazas de muerte contra miembros del #YoSoy132 Querétaro por trabajadores del PRI recientemente.
¿Qué dice esto de los gobiernos del PRI y PAN de nuestro estado? Y ¿qué dice de la sociedad que no se molesta ante estos hechos? Un Querétaro con igualdad y justicia donde nadie sea excluido por su forma de pensar o por su condición económica, es una lucha que a todas y todos nos corresponden.
Juventud Progresista de Querétaro Partido del Trabajo (PT)
