Bienvenidas las propuestas para fomentar que los bancos “presten más y más barato” a las empresas y hogares. Esa es la intención básica de la reforma financiera que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al Congreso para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos desde el sistema financiero.
A juzgar por las 13 iniciativas que reforman 34 leyes, y el texto de 837 páginas para exponer motivos y el articulado correspondiente, la reforma es muy ambiciosa. No obstante que esta reforma traerá beneficios, en especial al usuario de los servicios financieros, resulta prudente moderar las expectativas del efecto que tendrá sobre la economía.
Entre otras razones, por la siguiente: para que el sistema financiero contribuya más al crecimiento económico, requiere forzosamente de más formalidad, así como de más y mejor información de las actividades productivas y de los hogares.
Los bancos prestan primordialmente del ahorro financiero de terceros. Estos depositantes son personas físicas y personas morales. Recuperar el monto de lo prestado, así como de los intereses, es lo mínimo para corresponder a la confianza de las personas que depositan sus ahorros.
Por ello la extensa regulación y la supervisión tan estricta a la que se sujeta a los intermediarios financieros, y más aún a la banca comercial. Adicionalmente, la regulación obliga a los intermediarios financieros a tomar todas las medidas posibles para prevenir el lavado de dinero.
En consecuencia, prestar, cuidar el dinero de terceros y evitar el lavado y la evasión fiscal, orillan a que la banca opere primordialmente con las personas y empresas que se desempeñan dentro de la formalidad.
¿Y qué significa todo esto que llamamos “formalidad”? Las personas físicas y morales que están en la formalidad son las que: cuentan con RFC; cotizan en alguno de los sistemas de seguridad social como el IMSS, ISSSTE o los de los gobiernos estatales o de las Fuerzas Armadas; tienen domicilio y personalidad acreditada. Obsérvese la gran brecha entre la formalidad y la informalidad. Hay 32.2 millones de personas físicas con RFC. Sin embargo, el conjunto de personas mayores de 14 años que trabaja o que busca empleo es de alrededor de 51 millones.
En cuanto a personas morales, en realidad sabemos muy poco y los datos están muy desfasados. De un universo de 5.1 millones de unidades económicas censadas, 3.7 millones corresponden a unidades activas del sector privado y paraestatal. Si eliminamos las sucursales y plantas señaladas, la cifra se reduce a 3.4 millones. De éstas, 95% tienen menos de 10 trabajadores, 4% tienen entre 11 y 50 trabajadores, y solamente 1% tienen más de 50. Estas cifras contrastan con aquellas en la formalidad. Para ese mismo año el IMSS tuvo apenas 822 mil registros patronales, mientras que en el SAT trae 1.3 millones de personas morales con RFC en 2013.
Es sumamente positivo lograr más seguridad y certeza jurídica. Por ello el énfasis de la reforma financiera en reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Concursos Mercantiles y el Código de Procedimientos Penales. Pero eso es únicamente una parte, faltan los esfuerzos por crear los incentivos para que empresas y personas se desempeñen dentro de la economía formal.
¿Podríamos concentrar los esfuerzos del Pacto por México para la cédula de identidad y tener la empresarial? Sería una de las grandes reformas estructurales para construir la formalidad y con ello tener una base sólida para prestar más e impulsar el crecimiento en nuestro país.
Economista