La idea de la planeación como elemento clave del desarrollo está hoy plenamente establecida. Pero las formas de planear, las estrategias específicas con las cuales pueden lograrse las metas del desarrollo, evolucionan constantemente.

En las últimas décadas ha cobrado relevancia la llamada planeación participativa, que prevé el involucramiento activo de los miembros de la comunidad en la selección de las obras y los procesos de ejecución que les atañen. Se trata, en pocas palabras, de que sean los mismos ciudadanos los que decidan, en coordinación con las autoridades responsables, qué obras deben llevarse a cabo en sus comunidades, y de que vigilen el proceso, desde su diagnóstico hasta su conclusión.

Idealmente, la planeación participativa asegura no solo la pertinencia de las obras y programas a ejecutar, sino la transparencia de todo el proceso. Al impulsar el involucramiento de los ciudadanos, se crea una sinergia con las autoridades responsables y se evitan las decisiones unilaterales y el manejo discrecional de los recursos.

Me interesa, en esta ocasión, explorar el papel de la planeación participativa en la elaboración de los planes estatales de desarrollo de Querétaro. Teóricamente, las propuestas reunidas en los planes de desarrollo son la vía para dar respuesta a necesidades sociales prioritarias.

El grado de consenso de estas prioridades puede variar. Pero idealmente, lo que un plan de desarrollo recoge es el reflejo de lo que la sociedad pide a sus gobernantes.

En el caso de los planes de desarrollo de Querétaro es patente la voluntad expresada por los diferentes gobernantes, de involucrar a la sociedad en el proceso de planeación.

En el plan 1986-1991 del gobernador Mariano Palacios, por ejemplo, se dice que uno de los propósitos es “alentar la participación ciudadana como expresión de la tradición y la vocación democrática de nuestra sociedad”. Este plan rechaza expresamente la “planeación basada en métodos autoritarios”.

Por su parte, el plan estatal 1992-1997 del gobernador Enrique Burgos, reconoce que “la sociedad exige mayor participación en las decisiones, en la acción y en el balance final”, por tanto, aduce que el plan es “producto de un proceso de síntesis y trabajo conjunto de todos los queretanos a través de expresiones públicas y consultas a la sociedad civil, hecho que avala el contenido de cada uno de sus planteamientos”.

Los anteriores son solo dos ejemplos. Podrían agregarse otros para probar que, en general, en los planes de desarrollo de Querétaro la participación social no ha quedado documentada de modo que sea accesible para cualquier interesado. En prácticamente todos los casos (desde el primer esbozo de plan con el gobernador Camacho Guzmán hasta la fecha), se habla con entusiasmo de la realización de foros y consultas previas, pero poco más podemos atestiguar.

No ha habido, hasta ahora, un mecanismo que transparente ese proceso, por ejemplo, ordenando sistemáticamente las propuestas recibidas y dándolas a conocer en un documento público. Desde luego, tampoco hay obligación legal de difundir los resultados de los mecanismos de consulta, ni existe reglamentación sobre cómo llevar a cabo los foros de participación a los que todos los planes aluden. Debemos dar por cierto que se llevaron a cabo en el número suficiente, de la forma adecuada y debemos creer que lo que la ciudadanía propuso, está plasmado en el plan de desarrollo correspondiente.

¿Lo que los ciudadanos, en un ejercicio de planeación participativa, sugieren a los gobernantes, coincide plenamente con lo que ellos proponen como líneas de acción, programas y obras para el desarrollo? Más allá de felices coincidencias, falta mucho por hacer para que la planeación participativa se convierta en un proceso ordenado y documentado, que asegure que los planes de desarrollo en Querétaro y en todo México, sean expresión efectiva de las necesidades sociales, y medios idóneos para trazar la ruta de un desarrollo humano integral.

Una ciudadanía informada y exigente, más aún, recelosa de la actuación de sus gobernantes, requiere el mayor acceso posible a los procesos de planeación del desarrollo, y absoluta claridad en los mecanismos que dan cuenta de su participación en las decisiones de gobierno. Esa es la ruta del desarrollo recomendada por los organismos internacionales de los que México forma parte, materia de la cual me ocuparé en la siguiente entrega.

Luis Antonio Rangel Méndez

Diputado local, LVIII Legislatura.

Líder de la fracción parlamentaria del PAN