Después de la etapa de consolidación del sistema nacional de planeación en los años ochenta, el país enfrentó cambios que se reflejaron en el entramado institucional creado para planear el desarrollo.
En los años noventa del siglo XX, el régimen mexicano tuvo un sello marcadamente neoliberal en cuanto a política económica. Durante el sexenio de Carlos Salinas, se consolida la reforma del Estado puesta en marcha años atrás. Pero tal vez lo que más recordamos, pasado más de un cuarto de siglo, es el cambio profundo que supuso para la economía mexicana la desincorporación de empresas públicas (Telmex, la banca), y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy sujeto a presiones insospechadas, cuyo resultado aún no podemos prever.
En esta época se modifica también la estructura orgánica de la administración federal. En 1992 desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto, significativamente la dependencia de la que provenía el presidente Salinas (igual que antes Miguel de la Madrid y después Ernesto Zedillo). Sus funciones son repartidas entre la Secretaría de Hacienda y una nueva dependencia, que tendría un papel relevante en lo sucesivo: la Secretaría de Desarrollo Social.
La época de la privatización y el libre comercio es, también, la época de la reorientación del gasto social, a través de un programa que no inventó, pero sí remodeló el esquema de combate a la pobreza: el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
En este contexto, la forma de planear el desarrollo se transforma. Se cumple el mandato de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, pero se suscriben nuevos acuerdos y se reorienta la actividad planificadora, para darle todo el peso al programa estrella de la nueva administración.
La evaluación del periodo es compleja. Por un lado, el proceso de modernización de la administración pública parece exitoso; por otro, la redistribución de funciones en materia de planeación del desarrollo, deja otra vez a la Secretaría de Hacienda como dueña del escenario, lo que parece una regresión al estado de cosas de finales de los años cincuenta.
Por otra parte, la nueva Secretaría de Desarrollo Social pareció cumplir sobre todo una finalidad operativa: instrumentar el programa de asistencia social más ambicioso de la historia del país.
Sobra decir que la voluntad presidencial, que hemos destacado en otros periodos, tuvo en el sexenio de Carlos Salinas otro momento cumbre. Precisamente porque conocía a fondo la operación de lo que fuera la Secretaría de Programación y Presupuesto, Salinas pudo deshacer y rehacer las tareas de planeación en función de nuevos objetivos.
Hoy es tiempo de replantear el esquema, sin voluntarismos ni modas; con racionalidad y visión de largo plazo. La planeación es una tarea indispensable, y de su adecuada instrumentación depende el desarrollo del país.