No sé si AMLO acuñó el concepto de “mafia del poder”, pero me consta que lo ha utilizado para referirse a los grandes empresarios capitalistas, a los dueños de los medios de comunicación, a los políticos que manejan los partidos y el Congreso de la Unión, a los líderes sindicales, a la cúpula eclesiástica, a los líderes de las corporaciones empresariales y a ciertos individuos que siguen teniendo mucha influencia en la vida política del país.
A estos personajes AMLO los ha identificado como personas no gratas por el daño que le han ocasionado a México. De acuerdo con él, algunos de ellos fueron responsables de la campaña negativa en su contra de 2006 que lo tildó como “un peligro para México” y no le permitió llegar a la presidencia.
Pues bien: como esta vez AMLO seguramente logrará su propósito, y como ha comentado su interés por hacer una verdadera reforma educativa, quiero señalarle que existe una verdadera “mafia del poder” en las universidades estatales y que se ha logrado apoderar de las instituciones de educación superior públicas a través de un simple procedimiento en aquellas instituciones que cuentan con una junta de gobierno (JG), que elige al rector y a los directores de escuelas, facultades e institutos. Así funciona:
El rector en turno tiene un poder fáctico sobre el Consejo Universitario, que lo conforman, principalmente, directores, docentes y estudiantes (en algunos casos, personal administrativo). Para tomar cualquier decisión, el rector (y su equipo del más alto nivel) presiona a los directores, quienes, a su vez, influyen fuertemente sobre los docentes y alumnos. Por ello es relativamente fácil para un rector que el Consejo Universitario elija a un nuevo miembro de la JG de su preferencia. Para ese entonces, el rector ya cuenta con un círculo de amigos que tiene gran poder sobre la decisión universitaria de la elección del nuevo rector que lo sustituirá.
La elección del nuevo rector es solo un eslabón. La jugada maestra es elegir al rector saliente como nuevo integrante de la JG, de tal manera que, en unos cuantos años, el rector en turno y los ex rectores (que son miembros de la JG) forman parte de la “mafia del poder” que ha “secuestrado” a su universidad de manera legal, pero ilegítima. Así, un grupo de amigos se convierten en los dueños de las universidades públicas por largos periodos, usufructuando muchos beneficios del poder. Uno de ellos es que familiares de cualquier grado obtengan puestos académicos y administrativos altamente remunerados.
No sé si esto suceda en todas las universidades públicas del país, pero estoy seguro de que sucede en algunas. Por ejemplo, hace algunos años, el ahora senador Ernesto Ruffo Appel afirmó que, desde su punto de vista, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) estaba secuestrada por su JG. En su momento no entendí a qué se refería; sin embargo, poco después comprendí y lo pude corroborar.
Para el nuevo gobierno que formará AMLO, será muy fácil saber en qué universidades ha sucedido un “secuestro” institucional como el que les acabo de describir. Bastará con saber cuántos ex rectores conforman su JG, cuáles de sus familiares ocupan puestos bien remunerados en la institución y cuántos ocupan puestos públicos y universitarios. Si AMLO quiere hacer una verdadera transformación en la educación superior, puede empezar por una acción que no le costará un centavo y que tendrá un gran impacto positivo en el funcionamiento de todas las instituciones universitarias del Estado.